MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de UPyD ha presentado en el Congreso un texto alternativo a la reforma del Tribunal Constitucional planteada por el PP y propone que sea la justicia penal, y no el intérprete de la Constitución, quien suspenda o inhabilite al cargo público que no cumpla las sentencias.
La reforma exprés del TC planteada por el PP, que el Pleno del Congreso tomó en consideración el próximo miércoles y que aprobará la próxima semana, pretende dotar al Constitucional de la posibilidad de suspender a los cargos públicos y administraciones que no cumplan sus sentencias.
El partido que lideran Andrés Herzog y Rosa Díez considera que "el PP intenta suplir su falta de voluntad política para afrontar de cara el secesionismo catalán" haciendo que el Tribunal Constitucional se convierta en un "órgano pseudopenal con capacidades sancionadoras" para tomar las decisiones que el Gobierno no se atreve a tomar".
Frente a esa proposición de ley del PP, UPyD ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo para preservar al TC como supremo intérprete de la Constitución y encargar a la justicia penal, y más en concreto al Tribunal Supremo, el castigo para aquellos que no cumplan las sentencias.
Así, UPyD defiende el carácter ejecutivo de las sentencias del TC pero aparta al TC del proceso que hay que seguir cuando hay un incumplimiento de sus resoluciones.
NUEVO DELITO Y NUEVA MEDIDA CAUTELAR
En concreto, modifica el Código Penal para crear el delito de incumplimiento de resoluciones del TC, para el que da competencias a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se calcula una pena de inhabilitación, y plantea un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la suspensión provisional de empleo o cargo público, dejando claro que esa medida cautelar sólo puede imponerla un juez penal.
"La presente Proposición de Ley es por tanto respetuosa tanto con las funciones tradicionales de nuestro Tribunal Constitucional y los de nuestro entorno, como con la Constitución Española, que encomienda a los tribunales penales la potestad sancionadora más grave, y siempre sustanciada en un procedimiento con todas las garantías; todo ello salvaguardando la necesidad de que las resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional, especialmente en los casos de mayor relevancia, se cumplan con eficacia y rapidez", sostiene UPyD.
