VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vallisoletana María Antonia G.P, quien se enfrenta a una posible pena de ocho años de cárcel acusada de prender fuego en julio de 2004 a su propio comercio, 'Multiprecios Sami Fashion', para cobrar así el seguro, negó la autoría del siniestro y, aunque sin asegurarlo taxativamente, dejó entrever que el incendio pudo ser provocado intencionadamente por escolares de un instituto próximo con quienes tanto ella como su hija habían tenido más de un incidente.
La procesada, durante el juicio iniciado hoy en la Audiencia de Valladolid, explicó que cuando el día de autos, el 18 de julio de 2004, acudió sobre las 05.45 horas a la tienda que regentaba con su hija en el número 64 de la calle Mirabel con el fin de coger unas toallas, ya que ese mismo día tenía previsto coger el Tren Playero a Santander, se encontró ya con el local en llamas y a dos varones que estaban presenciando lo que allí ocurría.
"Aquello era un volcán", recordó la acusada, quien añadió que fue entonces cuando puso un pie en el umbral de la puerta para entrar en el local y, a causa del humo, cayó al suelo semiinconsciente, hasta que varias personas que ya habían acudido al lugar lograron sacarla a rastras.
La mujer, sin embargo, no dio una explicación convincente sobre por qué dejó el local en llamas y una hora después se subió al tren con destino a Santander, junto con unos amigos, para "tomar unas aguas" en la capital cántabra con las que tratarse de la minusvalía que padece desde que fuera víctima de un atropello de tráfico el 9 de enero de 2004.
María Antonia G.P. rechazó que hubiera quemado voluntariamente la tienda ante la mala marcha del negocio y, por contra, aseguró que las ventas eran cada vez más sustanciosas, hasta el punto de que, como así advirtió, "comenzó a suscitar envidias, no era para menos", al tiempo que enumeró distintos incidentes que escolares de un instituto cercano protagonizaron en su comercio al que acudían para "mofarse" de ella y su hija.
Así, recordó que en una ocasión encontraron la cerradura limada y en otra un trozo de ganzúa, mientras que otra vez lo que hallaron fue excrementos, todo ello dejando entrever que el incendio podía haber sido protagonizado por las mismas personas que cometieron estos actos de sabotaje.
Sin embargo, como principales pruebas contra la acusada figuran, sobre todo, el testimonio del presidente de la comunidad de vecinos del inmueble de la calle Mirabel en cuyos bajos se hallaba el negocio, Demetrio P.V, quien aseguró haber visto a las 06.15 horas de aquel día a María Antonia G.P. salir del local lleno ya de humo.
"Dijo que había ido a por unas toallas", relató el testigo, quien añadió que él y otras personas tuvieron que ayudarla a salir del local tras entrar por segunda vez en el mismo y que luego la propietaria desapareció sin dejar rastro.
EL NEGOCIO IBA MAL, ERA 'VOX POPULI'
Por su parte, un policía nacional que fue el instructor de la investigación ratificó las conclusiones de la misma, que apuntan que la propietaria había sido la autora del incendio. Al respecto, indicó que la acusada llegó al local a las 05.45 horas y que el incendio se produjo entre las 06.00 y las 06.15 horas, "con lo que ella ya estaba cuando empezaron las llamas".
Además, el agente incidió en que la puerta del negocio no presentaba signos de haber sido forzada y que, por el testimonio de vecinos, "era 'vox populi' que el negocio no iba bien" y que incluso habían aparecido en el escenario del siniestro carteles con la leyenda 'liquidación por cese de negocio'.
A ello, el agente añadió que días antes del fuego tanto la acusada como su hija fueron vistas sacando del local gran cantidad de género y que ambas, en los interrogatorios posteriores al siniestro sobre el por qué, dieron explicaciones contradictorias.
El fuego destrozó el comercio por completo--la propietaria, casualmente, tenía concertados dos seguros distintos para prevenir tal contingencia--, provocó importantes daños en la fachada del edificio y obligó a desalojar a los vecinos, ya que inicialmente las llamas llegaron hasta las ventanas de los primeros pisos.
El juicio proseguirá mañana. Inicialmente, el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que representa a Ocaso S.A, la aseguradora que abonó los daños en la fachada de la comunidad de vecinos, solicitan para la supuesta pirómana una pena de ocho años de cárcel por un delito de incendio, en concurso con otro de estafa, así como el pago de las indemnizaciones correspondientes que superan los 16.500 euros, la mayor parte de ellos, para la referida aseguradora.
