Varios testigos afirman que nadie limitó la responsabilidad económica antes del vuelo del Yak-42

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios testigos que prestaron hoy declaración en la vista oral que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza sigue por el proceso civil del Yak-42 para determinar la presunta responsabilidad civil de la compañía aérea UM Air, la contratista británica Chapman Freeborn y la aseguradora ucraniana Busin Join-Stock Insurance, indicaron que ninguna de estas tres entidades limitó, de ninguna forma, su responsabilidad civil antes de que se produjera el accidente.

Un total de 62 militares españoles murieron el 26 de mayo de 2003 en Trazbón (Turquía) en el accidente aéreo del Yakovlev. La vista se inició a las 10,00 horas de hoy en un salón de la Feria de Muestras de Zaragoza, en presencia de decenas de familiares de las víctimas.

Por la parte demandada, sólo acudió el abogado argentino Rodolfo González Lebrero, junto con otras dos letradas, en representación de Ukranian Mediterranean Air, ya que la representación de Chapman decidió no asistir a esta primera sesión del juicio, mientras que los representantes de Busin Join-Stock habían manifestado, previamente, que será mañana cuando podrían comparecer.

El general de División Juan Luis Ibarreta, quien ostentaba el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa a lo largo de 2003, incluido el día 23 de mayo, cuando se produjo el accidente en Trabzon (Turquía), dio por bueno un documento que niega expresamente la existencia de ningún tipo de billete, firmado por todos los "jefes" de destacamento que tuvieron, aquel día, algún grado de conocimiento y responsabilidad sobre el vuelo.

Esta pregunta fue formulada por el letrado González Lebrelo y la respuesta refuerza la tesis de la acusación, que niega que el vuelo se ajustara a lo establecido en el denominado 'Convenio de Varsovia', que establece unas condiciones para realizar vuelos comerciales, como entregar un billete físico a cada viajero, y a la vez limita las indemnización. Si el tribunal estima que el vuelo fue ajeno al Convenio de Varsovia, habría que recalcular las indemnizaciones, que la acusación quiere situar en torno a los 60 millones de euros, muy por encima del límite de 130.000 euros por persona que fija el Convenio.

El general Ibarreta manifestó conocer "a través de los medios" de comunicación la decisión del Ministerio de Defensa de indemnizar, por su cuenta, con unos 75.000 euros a la familia de cada uno de los 62 militares fallecidos. "No tengo constancia" por los conductos oficiales, dijo Ibarreta en respuesta a otra pregunta del letrado González Lebrelo.

Además, el alto mando militar aclaró que la normativa actual permite a cualquier militar negarse a participar en un vuelo como el que partió de Afganistán con destino a Zaragoza el 23 de mayo de 2003, aunque reconoció que "desconozco si había otros medios" para que cualquier empleado del Ejército español pudiera haber elegido regresar a España de otra manera el mismo día. "Por nuestra parte, no", dijo el general Ibarreta. El letrado de UM Air aprovechó para afirmar que en una situación como la de las tropas española en Afganistán es "imposible" que los soldados se puedan negar de hecho a volar como se les ordena. Lebrelo aludió al artículo 107 del Código Penal Militar español, que prevé sanciones para el delito de desobediencia. Ibarreta dijo también que personal a su servicio había realizado una "verificación" del estado del avión Yakovlev-42, aunque "yo no" lo había comprobado.

Además del general Ibarreta, comparecieron otros militares, como Fermín Pérez Molinos, destinado en el Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza y el cabo primero Sergio Manzanos, quienes negaron, explícitamente, que se comunicara a ninguno de los militares fallecidos, por ningún procedimiento, que las compañías ahora enjuiciadas tuvieran limitada su responsabilidad, y tampoco que se les diera ningún billete. Manzanos realizó el viaje de ida a Afganistán con la misma compañía aérea.

"CONFESO"

Poco después de iniciarse la sesión, uno de los letrados de las 61 familias personadas -una se abstiene de participar en este juicio civil--, Javier Hernández, dio por "confeso" al representante de Ukranian Mediterranean Air (UM Air) por no comparecer personalmente, ya que sólo acudió su equipo de letrados. Hernández formuló varias preguntas que dio por respondidas afirmativamente, remitiéndose a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En concreto, Hernández preguntó si UM Air había proporcionado la preceptiva formación a la tripulación que se hizo cargo del vuelo; si UM Air se considera como único responsable y considera que debe hacer frente a su responsabilidad civil. Otros letrados de la acusación preguntaron si es cierto que una parte de la tripulación carecía de formación y experiencia para realizar el vuelo; si no se hicieron previsiones para que cada miembro de la tripulación descansara; si la falta de descanso fue causa del "fatal desenlace".

Los abogados de los familiares de las víctimas preguntaron, también, si UM Air no expidió ningún billete por ningún procedimiento; si el vuelo no estaba en condiciones legales de volar; si funcionaban los equipos de registro de conversaciones en la cabina (cajas negras); si había caducado la licencia de trabajo de un ingeniero de vuelo.

Tras un comienzo "excesivamente" rápido, según comentó el titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, Ángel Dolado, la Feria de Muestras acoge mañana la segunda sesión de la vista oral del juicio en el que las familias de 61 de los militares fallecidos solicitan alrededor de 60 millones de euros por la responsabilidad civil. El magistrado señaló que la sesión se reanudará a las 10,00 horas de mañana y se verán las prueba periciales y comparecerán otros tres testigos.