SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó hoy que el próximo 1 de junio "los ciudadanos de Galicia pasarán gratuitamente" por los peajes de Rande y A Barcala -en la Autopista del Atlántico (AP-9)- y destacó que el Ejecutivo "cumple" así lo prometido en su día por el titular del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Tras entrevistarse con el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, De la Vega destacó que su compromiso "será ya una realidad el próximo 1 de junio" y recordó que la inversión que realizará el Estado "para liberar estos peajes es de 500 millones de euros".
La vicepresidenta se refirió al acuerdo de ayer del Consejo de Ministros, que autorizó al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto, con cargo a ejercicios futuros, para suprimir estos peajes. Esto supone el paso previo y necesario para proceder a la firma del acuerdo que permitirá solucionar los problemas de tráfico existentes a la entrada de las dos grandes ciudades gallegas, para lo que la Administración estatal pactó con la Xunta y con la concesionaria de la autopista, Audasa, un convenio para suprimir el peaje.
La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, fue la encargada de anunciar el pasado 3 de abril, también en la capital de Galicia, que el Gobierno central y la Xunta asumirían el 50% de la supresión definitiva y universal de los peajes de Rande y A Barcala en la AP-9, cuya concesión no termina hasta el año 2048.
María Teresa Fernández de la Vega, que realiza a Galicia su primera visita institucional desde que Emilio Pérez Touriño es presidente del Ejecutivo autonómico, también anunció que "antes de final de este año Galicia contará con 380 efectivos más del Cuerpo Nacional de Policía".
Además, la vicepresidenta afirmó que "no hay ninguna modificación" en los criterios fijados para que las comunidades se beneficien del Fondo Tecnológico de la Unión Europea y garantizó que "Galicia recibirá lo previsto".
Además, añadió que la Comunidad gallega "tendrá una financiación comunitaria muy importante", pues al ser una región Objetivo Convergencia no sólo contará con recursos del fondo tecnológico, sino también de los fondos de cohesión y estructurales.
Tras entrevistarse con Touriño, María Teresa Fernández de la Vega hizo un repaso sobre las actuaciones más destacadas realizadas por el Gobierno central en Galicia en los dos últimos años y destacó que el actual Ejecutivo "ha invertido la tendencia de los del PP" y "ha más que duplicado la inversión por habitante en en esta comunidad, al pasar de 252 a 536 euros".
ACELERACION DEL AVE
Como ejemplo del compromiso del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en una de las materias "que más preocupan a los gallegos", las infraestructuras, citó que la ejecución del tren de alta velocidad "se ha duplicado" desde 2004 y ha pasado "del 13 al 25%" y añadió que, en el caso del Eje Atlántico, "se ha multiplicado casi por tres", al incrementarse del 18 al 43%. En su opinión, estos datos "avalan la aceleración" que se ha producido en el AVE con el actual Ejecutivo.
De la Vega también se refirió a las carreteras y de forma especial a la Autovía del Cantábrico (A-8) y subrayó que en 2004 sólo uno de los 14 tramos gallegos "estaba en obras y había alguno que ni siquiera tenía proyecto". Añadió que dos años después "hay cinco en obras y el resto está en fase de proyecto" y garantizó que "todos estarán en obras en 2007".
Por su parte, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, subrayó que los gobiernos central y autonómico "se entienden a la perfección" y "trabajan con las mismas metas", algo que corroboró De la Vega al asegurar que la relación entre ambos ejecutivos "es óptima y excelente".
Emilio Pérez Touriño resaltó que "en este camino de colaboración" Galicia puede aspirar a estar, "en un horizonte de los próximos años", entre las comunidades más avanzadas de España y Europa.
Finalmente, hizo un llamamiento a la responsabilidad en el conflicto del metal, pues recordó a los convocantes de la huelga que "en ningún caso está justificado el ejercicio de la violencia" y apeló al "diálogo" para superar las discrepancias y llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo del sector.