De la Vega proclama que la Ley de la Memoria hereda el espíritu de la Transición y salda la deuda "de la injusticia"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, proclamó hoy ante el Pleno del Congreso que el proyecto de Ley por el que se amplían derechos a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es heredero del "mejor espíritu de la Transición" y pretende saldar la deuda "de la injusticia". Además, quiso dejar claro, en respuesta a las críticas del PP, que esta iniciativa "no pretende reescribir la Historia".

Así lo aseguró durante el debate de totalidad de las enmiendas presentadas por PP, ERC e IU-ICV --estas dos últimas con texto alternativo--, que fue seguido desde el hemiciclo por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y en la tribuna de invitados por representantes de asociaciones de recuperación de la memoria.

En su extensa intervención ante el Pleno, la también ministra de la Presidencia destacó que por "primer vez en la historia reciente" de España, un proyecto de ley "reconoce y declara con carácter general la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia persona, ocasionada por razones políticas o ideológica durante la Guerra Civil y la dictadura".

Una norma que, según añadió, va "un paso más allá" y reconoce el derecho de las víctimas y de sus familias a una declaración singular pronunciada en nombre del Parlamento. "La Ley pretende saldar una deuda, la de la injusticia", aseveró.

NO SE PRETENDE RECONSTRUIR LA HISTORIA

En respuesta a las críticas del PP, De la Vega afirmó que es una ley "relevante y necesaria" y recalcó que el Gobierno en ningún momento ha pretendido con esta iniciativa "abrir cicatrices que cosió la Transición, "ni reconstruir la Historia ni instituir la Memoria". "Ni los gobiernos ni los parlamentos están para sustituir a los historiadores. Es a ellos a quien corresponde escribir la historia", enfatizó.

Dicho esto, insistió en que se trata de una ley "heredera del mejor espíritu de la Transición" y del principio de concordia que condujo hacia una democracia estable y consolidada. A su juicio, "ni la concordia es olvido ni perdonar significa eclipsar el recuerdo". "Esta es una ley que, lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia y de manera muy especial con aquellos que se vieron privados del derecho de su memoria, aquellos cuya biografía quedó mutilada durante años", agregó.

De la Vega aprovechó su alocución para recordar que hace unos días, con motivo de la muerte de Pinochet, el poeta Mario Benedetti dijo que la muerte había ganado a la justicia y pidió el voto a favor del texto del Gobierno para que "al horror de tanta muerte, tanta humillación y tanta represión injusta" no se añada "el oprobio del olvido".

PP: PROYECTO "HIPOCRITA"

Desde el PP, Manuel Atencia, quien comenzó destacando que su grupo "no tiene más pasado ni más herencia que la Transición y la democracia", tachó la ley de "innecesaria, extemporánea, errónea, hipócrita y falsaria" porque busca "atribuir derechos ficticios" y, aunque "se disfraza como una iniciativa de concordia", es "un paso más en la estrategia de ruptura" del pacto entre los españoles que supuso la Transición.

De hecho, Atencia definió el proyecto como "un torpedo en la línea de flotación del pacto constitucional" con el que se pretende "hacer revisionismo histórico" e imponer una "verdad oficial". Señaló que que con la llegada de la democracia "nadie se vio obligado a reprimir su recuerdo", sino que únicamente se acordó no usar la Historia como "arma política".

Asimismo, recalcó al Ejecutivo que para ampliar unas ayudas que el cuentan con el respaldo del PP no era necesario montar "este lío" y acusó a Zapatero de haber cedido a la "presión" de sus socios parlamentarios, "traicionando" su propio discurso de hace siete años y la resolución que la Comisión Constitucional del Congreso aprobó en 2002, dando por zanjado este asunto.

ERC E IU-ICV INSISTEN EN LA ANULACION

ERC e IU-ICV, centraron su intervenciones reclamar la anulación de los juicios sumarios. El republicano, Joan Tardà, dejó patente su "decepción e indignación" por la no inclusión de este punto la ley, mientras que el IU-ICV, Joan Herrera, insistió en que la restitución moral a las víctimas que ofrece al Gobierno "no es aceptable" y que es necesaria la anulación de los juicios sumarios, que son "nulos de pleno derecho" porque se produjeron "con violación de los Derechos Humanos más universales".

Tardà pidió apoyo para el texto alternativo presentado por su grupo, en el que, entre otras cosas, se establece que debe corresponder al Rey, quien "juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional", "formalizar en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del alzamiento militar".

Y concluyó con una advertencia a Zapatero: "Debiera desear que dentro de 70 años un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con el que usted citó el testamento político de abuelo fusilado, pero esto sólo será posible si se adecua al derecho internacional de Derechos Humanos", le espetó.

Por su parte, Herrera rechazó el "doble discurso" por el que "lo que vale para Chile no vale para españa" así como el "planteamiento equidistante" del proyecto, recordando que la propia Amnistía Internacional ha definido el proyecto como una "ley de punto final" y por todo ello, ofreció su texto alternativo al Gobierno al que pidió que no apruebe la ley tal y como está porque creará "frustración".

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