MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó hoy que el Ejecutivo "respeta y no valora" las decisiones de los jueces, sin "perjuicio de que puedan estar sujetas a la crítica pública desde la razón y el argumento, nunca desde la descalificación". La titular de la Presidencia respondió de esta forma sobre el hecho de que el juez Fernando Grande-Marlaska tome hoy declaración al ex presidente del PNV Xabier Arzalluz y mañana interrogue al dirigente 'peneuvista' Gorka Aguirre.
En el Foro de la Nueva Sociedad, De la Vega precisó en primer lugar que Arzalluz comparece "como testigo" en el caso de la red de extorsión de ETA. En cualquier caso, la vicepresidenta destacó la necesidad de respetar constitucionalmente los "ámbitos de decisión".
"Cada poder tiene sus funciones y sus competencias y lo ejerce con arreglo a los criterios constitucionalmente establecidos", explicó De la Vega, que remarcó que la posición del Gobierno en orden a toda decisión de la Justicia es "respeto, acatamiento y colaboración". "Al Gobierno no le incumbe valorar", zanjó.
BÚSQUEDA DE CONSENSO CON EL PP
En tres ocasiones, la titular del Ministerio de la Presidencia fue preguntada sobre si el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hablado ya con el líder del PP, Mariano Rajoy, a los efectos de comunicar al Parlamento el inicio del diálogo con ETA.
"El presidente del Gobierno está haciendo todo el trabajo que le incumbe para tender puentes", dijo De la Vega, que al insistírsele sobre si la conversación se había producido ya, señaló que "el trabajo se está haciendo" y que Zapatero "está buscando el consenso como siempre de todos los grupos políticos y también del principal partido de la oposición".
De la Vega no se movió de esta posición. Así, repitió los argumentos de que es Zapatero quien lidera el proceso de paz y que a él corresponde determinar "cómo y cuándo" se producirá la comunicación. "No falta mucho, es evidente", apostilló De la Vega, que insistió en demandar "sosiego y tranquilidad".
La ministra de la Presidencia tampoco quiso valorar el documento 'La izquierda abertzale y el proceso democrático' alegando que el Ejecutivo no comenta estos textos. Asimismo, y sobre el juicio la pasada semana de los presuntos asesinos de Miguel Ángel Blanco y la imagen de 'Txapote', explicó que el optimismo no viene "determinado por imágenes".
"Hoy tenemos gran oportunidad de conseguir poner fin a la violencia terrorista y el Gobierno tiene el derecho y el deber de intentar alcanzarla", destacó De la Vega. "Sembrar la sospecha, rechazar de plano las posibilidades de terminar para siempre con la lacra del terrorismo, es impropio de quien tiene la obligación de preservar la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos frente a la amenaza y la violencia", avisó.
Así, insistió en que en los futuros pasos del Gobierno, cualquier escenario debe cumplir los requisitos de "irreversibilidad del proceso" y respeto "a la Constitución, la Ley" y a la "memoria de las víctimas".
Por otro lado, De la Vega no quiso pronunciarse sobre si habrá remodelación de Gobierno en julio dada la candidatura del titular de Industria, José Montilla, a la Presidencia de la Generalitat, y sobre si ésta se ceñirá a uno o dos ministros. Estas decisiones, señaló, son propias "de manera exclusiva y excluyente" del presidente del Gobierno.
INSEGURIDAD E INMIGRACIÓN
En cuanto a la inmigración ilegal, De la Vega expuso que el Ejecutivo trabajará para evitar estos desplazamientos del Africa Subsahariana. En cuanto a un eventual riesgo de epidemias en Canarias por la llegada de 'ilegales', la vicepresidenta lo negó. "No hay ningún riesgo", señaló, destacando que los inmigrantes son objeto de un examen médico.
En cuanto a la lucha contra la criminalidad organizada, la ministra de la Presidencia manifestó que España no es un país "muy inseguro" y que el Ejecutivo está haciendo "todo lo que está en sus manos". "En las próximas semanas habrá una modificación de algunos tipos penales para ser desde el punto de vista de la prevención y la represión del Código Penal un poco más eficaces", explicó.
Sobre el tráfico, la vicepresidenta recordó la puesta en marcha del carné por puntos. "Está en fase de elaboración la reforma del Código Penal que aumentará la pena a las conducciones gravemente imprudentes", finalizó.
