LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Nov. (EP/IP) -
Los Verdes anunciaron hoy que el pasado mes de mayo presentaron "una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el conocido 'caso Amorós", consistente en una serie de graves por irregularidades supuestamente cometidas por la Dirección General del Tesoro del Gobierno de Canarias, entre los años 1997 y 2002, puestas en evidencia en el informe de fiscalización del ex director del Tesoro 'De fiscalización de la actividad financiera y de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2002'".
Tras el examen de la denuncia por parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción, "esta acordó trasladar el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya que los hechos que se denuncian por su naturaleza y alcance, no son competencia de esta Fiscalía Especial según consta en una comunicación recibida por los Verdes el pasado 18 de octubre".
Rafael Rodríguez, portavoz de Los Verdes ha justificado la denuncia en que "a pesar de que existe una amplia difusión de los hechos mencionados, ni los poderes públicos ni La Audiencia de Cuentas de Canarias, ni El Tribunal de Cuentas han presentado denuncia ante la Fiscalía, a pesar de las graves anomalías que registra el informe de fiscalización sobre los ocho años de gestión en la Dirección General del Tesoro".
Rodríguez afirma que "en el mencionado informe de fiscalización se apuntan varias irregularidades cometidas por la Dirección General de Tesoro, como el incumplimiento de las conciliaciones bancarias, la existencia de cuentas opacas al control presupuestario y de la intervención y la contratación de empresas de servicios con empresas externas discriminando a los funcionarios de la Dirección General".
El portavoz de Los Verdes subraya que "del informe de la Audiencia de Cuentas se deduce que entre los años 1997 y 2002, desde la Dirección General del Tesoro se dispuso de un millón de euros para pagar proyectos presuntamente irregulares a empresas externas a cuenta de una serie de intereses generados por los dineros públicos que no fueron debidamente ingresados en la hacienda pública. Es decir existía informe un sistema de financiación paralelo al oficial que no era consignado a los presupuestos de la Dirección General".
Según Rodríguez, "las presuntas operaciones irregulares están ampliamente detalladas en el informe de fiscalización, disponible en el Boletín oficial del Parlamento de Febrero del pasado año. La Audiencia de cuentas certificó que durante los dos mandatos de Amorós, la Dirección General del Tesoro mantuvo activas 280 cuentas corrientes entre distintas entidades financieras".
