Las minorías insisten en cesar a los magistrados no renovados en seis meses y protestan por el "culebrón" de PSOE y PP
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles la modificación legal acordada por el PSOE y el PP para reducir el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional que va a nombrar el Senado en noviembre. La reforma, que contó con la abstención de ERC, supone descontar de los nueve años de mandato el tiempo que los partidos han tardado en renovarles, en este caso tres años.
Tras el acuerdo de las formaciones mayoritarias para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional que corresponde acometer al Senado y que estaba pendiente desde finales de 2007, se decidió que estos cuatro magistrados deberían tener un mandato más reducido para solventar en el futuro la obligación de renovar la institución por terceras partes.
Así, en lugar de los nueve años habituales, que les llevaría a coincidir con los que ahora toca nombrar en el Congreso, se decidió que los magistrados que ahora renueva la Cámara Alta tuvieran mandato sólo hasta 2016.
JUNTO CON LA PAPELETA DEL SENADO
Para evitar alguno de los nuevos magistrados pudiera recurrir en amparo la reducción de su mandato, se decidió acometer con urgencia la reforma legal, para lo cual se ha aprovechado la proposición de ley orgánica de reforma electoral referida al diseño de la papeleta salmón para la elección de senadores, dado que se trata de la primera ley orgánica que se debate y que además afecta a la Cámara que ha de acometer la renovación del TC.
Dicha proposición de ley reduce el tamaño de la papeleta 'sábana' al Senado, elimina la obligación de presentar candidatos por orden alfabético, coloca a los partidos en función de los votos de los anteriores comicios y suprime la mención a los suplentes (dos por cada candidato en lugar de uno como hasta ahora).
El PSOE y el PP, para introducir ese cambio legal en la proposición de ley, han tenido que apoyarse en la única enmienda registrada, que fue presentada en su día por CiU para tratar de exigir un mínimo de firmas a los candidatos que aspiran al Senado, una idea que los nacionalistas ya tienen conseguida pues fue asumida por la subcomisión del Congreso encargada de la reforma global de la Ley Electoral (LOREG).
En concreto, la enmienda transaccional introducida, que ha obligado a cambiar el nombre de la proposición de ley para hacer mención a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que "si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación".
Además, se deja claro que las vacantes producidas por causas distintas a la expiración del mandato (por ejemplo, fallecimiento, como fue el caso de Roberto García Calvo), "serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para designación del magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase".
La modificación, que quedará impresa en la ley para todas las futuras renovaciones, fue introducida por unanimidad en la Ponencia que debía analizar la reforma de la papeleta del Senado y este miércoles fue aprobada por la Comisión Constitucional con la abstención de ERC.
SOLUCIÓN MEJORABLE PERO NECESARIA
Para el 'popular' Juan Carlos Vera, introducir esta reforma del Tribunal Constitucional en una iniciativa sobre la papeleta electoral del Senado puede entenderse como una solución "mejorable", pero recalcó que cumple con los objetivos que requería la situación. "Es una fórmula relativamente adecuada", comentó.
El socialista Jesús Quijano considera que este "ajuste técnico" era un cambio "necesario" tras estos tres años de bloqueo en la renovación del TC. Aunque ve "más responsabilidades en unos que en otros" por este retraso, dio la bienvenida al acuerdo alcanzado y dijo que "no es momento de ajuste de cuentas".
Por su parte, el ponente del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que la solución adoptada no está mal porque mejora lo que había y porque da una salida al conflicto planteado por el retraso. "Resuelve un problema pero no es la panacea", ha advertido.
Las principales críticas llegaron de CiU y ERC, habida cuenta de que el Parlamento catalán había propuesto una solución alternativa: Cesar automáticamente a los magistrados que no hubieran sido renovados en el plazo de seis meses. "Eso sí que obliga a la renovación", enfatizó el nacionalista Jordi Jané, quien advierte que la fórmula elegida por PSOE y PP podría tener el efecto no deseado de que uno de los dos grandes partidos apostase por mantener un TC a su medida negándose a la renovación y encima con sus sustitutos perdiendo mandato en el banquillo.
Quijano replicó que la opción de cesar a los magistrados no renovados también tiene un problema, y es que no asegura la renovación y el TC podría ir perdiendo miembros hasta el punto de que ni siquiera pudiera tomar decisiones.
El representante de CiU tachó de "culebrón" el proceso de renovación del TC y ve "impresentable" la falta de acuerdo que han mostrado durante tres años los dos grandes partidos, mientras que la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, coincidió en criticar a los mayoritarios aunque votó a votó a favor de la reforma técnica como un "ejercicio de responsabilidad". "Es un camino falso para una solución que tenía que haber sido política", remachó.
Joan Ridao, de Esquerra, que en su momento había calificado la reforma legal del TC como "una auténtica chapuza jurídica" y "un cambalache partidista", fue más allá y se negó a dar apoyo a la enmienda, optando por la abstención.
Tras su aprobación en la Comisión Constitucional, la proposición de ley que reforma la papeleta electoral del senado y la Ley de Tribunal Constitucional pasará al Pleno del Congreso la próxima semana para su remisión al Senado y entrada en vigor antes de los nombramientos de la Cámara Alta, previstos para noviembre.
Después se deberá acometer la renovación parcial del TC que corresponde al Congreso, que toca a final de año y que en principio no se retrasará porque el PSOE y el PP la tienen apalabrada. Ahí se pretende encajar la pretensión de las formaciones catalanas de proponer un candidato, habida cuenta de que los nombres sugeridos al Senado por el Parlament han quedado fuera.
