MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley por el que "se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". La conocida hasta ahora como 'Ley de la Memoria' prevé crear un Consejo designado por el Parlamento que permitirá conseguir la rehabilitación "moral" individual de las víctimas. Se fija el plazo de un año para poder solicitar estas "declaraciones de reparación", que una vez resueltas se publicarán en el BOE. De esta forma, el texto descarta anular los juicios sumarísimos, demandados por asociaciones y grupos como ERC e IU-ICV.
El Ejecutivo quiere dejar claro en la exposición de motivos de este proyecto --que consta de 25 artículos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales-- que el texto está presidido por el "espíritu de concordia y conciliación" que guió la Transición y que no pretende "en ningún caso" reescribir la historia. La norma, según fuentes gubernamentales, incluye una memoria económica que cifra en unos 60 millones de euros su coste total de aplicación.
El Gobierno también ha estudiado los dos informes que le pidió el Congreso y que han inspirado el proyecto aprobado hoy. El primero hace un exhaustivo análisis general sobre la situación de las víctimas, incidiendo sobre todo en aspectos pendientes de regulación como su localización e identificación, los símbolos y monumentos, o la situación de determinados colectivos (batallones disciplinarios de soldados trabajadores, brigadas internacionales o víctimas de la Transición).
ELABORAR UNA LEY DE ARCHIVOS
El segundo informe se centra en la situación de los archivos públicos, incluyendo los procedimientos de acceso a los mismos o la protección de datos. Además, recomienda al Gobierno elaborar una Ley de Archivos y Documentos y establecer planes plurianuales con el fin de proceder a su ordenación y digitalización. Dicho informe también aborda el Archivo de Salamanca como 'archivo de la guerra' y la creación de un Centro Documental de la Memoria.
El objeto del proyecto de ley es reconocer y amparar derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia en la guerra civil o la dictadura, según establece el artículo primero. Los siguientes preceptos hacen un reconocimiento general de esas víctimas al tiempo que promueven la recuperación de la memoria personal y familiar de aquellas personas que sufrieron "persecución o violencia por razones políticas o ideológicas" o cualquier tipo de discriminación por razón de raza o sexo durante aquel periodo.
Para obtener dicha reparación moral, la norma dispone la creación de una Comisión Interministerial (órgano de carácter administrativo que se encargará de instruir los expedientes de aquellos ciudadanos que soliciten la rehabilitación moral); y un Consejo designado por el Parlamento que será el que esté legitimado para decidir sobre dicha reparación moral.
Este Consejo estará compuesto por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales y su aprobación requerirá una mayoría cualificada de tres quintos. Esto obligará a los grupos parlamentarios a consensuar los nombres de los candidatos.
Por lo tanto, y si un ciudadano no está satisfecho con la rehabilitación general, podrá servirse de este procedimiento para una reparación individualizada. En primer lugar, se dirigirá a la Comisión Interministerial que, una vez que haya verificado los datos aportados, los remitirá al Consejo, que será el que decida al respecto. Además, se fija un plazo de un año para presentar las solicitudes, que serán resueltas en el plazo de otro año aproximadamente. Estas declaraciones de reconocimiento individual se publicarán en el BOE.
El Gobierno --que ha recibido alrededor de 15.000 cartas de personas interesadas en estos temas-- ha optado finalmente por esta vía rechazando reivindicaciones como la anulación de los juicios sumarísimos, por entender que apenas hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de las leyes más allá de la Constitución. Además, estima que este procedimiento es "menos costoso" para los ciudadanos desde el punto de vista judicial.
AMPLIACIÓN DE LAS PENSIONES
También hay cinco artículos (del ocho al doce) que se ocupan de las prestaciones, pensiones, complementos de pensiones e indemnizaciones económicas. Así, se amplía el ámbito de aplicación de la Ley de 1979 sobre pensiones para que puedan beneficiarse aquellos que fallecieron por causas políticas o sindicales; se eleva el importe de las pensiones de orfandad hasta los 132,86 euros mensuales; y recogen medidas para el colectivo de batallones disciplinarios. El Ejecutivo calcula que el coste de estas prestaciones ascenderá a 20 millones de euros.
A continuación, la norma aborda (desde el artículo 13 al 16) la localización e identificación de víctimas. En particular establece que las Administraciones Públicas deberán facilitar a los ciudadanos y familiares estas actuaciones si lo demandan y dejar claro que la exhumación requerirá una autorización administrativa.
Con el objetivo de evitar conflictos, la apertura de fosas comunes estará sometida a un procedimiento contradictorio para "ponderar" los intereses en cada caso. Aunque el Gobierno no dispone de cifras oficiales, los expertos calculan que el número de desaparecidos asciende a 30.000 personas.
SÍMBOLOS: "RECOMENDACIÓN" A AYUNTAMIENTOS Y CC.AA
Respecto a aquellos monumentos, edificios y lugares de titularidad pública estatal dependientes del Gobierno, el texto señala que se adoptarán medidas para la retirada de los escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas de la guerra civil o la dictadura "cuando exalten sólo a una parte". Eso sí, no se ejecutará esta práctica si se considera improcedente por razones históricas, artísticas u otras de interés general -por ejemplo, la vidriera del Alcázar de Toledo-. Esta disposición no afecta por lo tanto al patrimonio de la Iglesia. En el caso de CC.AA. y ayuntamientos, sólo se establece una "recomendación" de retirada.
El Valle de los Caídos recibe un tratamiento específico en la norma. En concreto, establece que permanecerá como lugar de culto pero añade que en "ningún lugar del recinto se podrán llevar a cabo actos exaltadores" de la guerra civil o la dictadura, lo que impedirá las concentraciones que se han venido produciendo en los últimos años en la explanada del Valle de los Caídos con motivo del 20-N.
Además señala que la Fundación que gestiona el Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar la memoria de todos los fallecidos entre el 36 y el 39 y durante la dictadura con el objetivo de "profundizar y reconocer la memoria de todos". Este aspecto obligará a la fundación a modificar sus estatutos.
VÍCTIMAS DEL TARDOFRANQUISMO
En este mismo capítulo, se prevén subvenciones para hacer censos de obras públicas realizadas por los represaliados del franquismo. Los últimos artículos de la norma se dedican a los archivos y crean el Centro Documental de la Memoria.
La disposición adicional segunda de la norma recoge indemnizaciones para los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, una fecha acordada por el Parlamento. Su importe ascenderá a 135.000 euros, que se pagarán de una sola vez. El Ejecutivo calcula que se podrán beneficiar de esta disposición poco más de una treintena de personas, como las víctimas de los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976.
