VALENCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Víctimas del Metro de Valencia AVM3j ha lamentado este jueves en un comunicado que la jueza que instruye el accidente que costó la vida a 43 personas y heridas a otras 47, no admita preguntas formuladas por el ministerio fiscal o su abogado al considerar que "exceden" lo delimitado por la Audiencia Provincial cuando decidió acordar la reapertura de la investigación.
Así lo ha señalado en un comunicado tras la declaración en el juzgado del perito Andrés Cortabitarte para ratificar su informe pericial encargado por la juez. El técnico respondió a las preguntas de la jueza, fiscal y el abogado de la asociación, Vicente Baeza y se reaunudará este viernes con las preguntas del resto de abogados.
En su declaración, el perito negó que descarrilamiento anteriores hubieran afectado estructuralmente a la unidad implicada en términos de seguridad; rechazó que la causa del siniestro estuviese en el desprendimiento del boggie de la caja; que no existe ningún indicio de fallo en los frenos; rechazó que un mal acoplamiento de las dos unidades hubiera podido incidir en el descarrilamiento y reiteró que el exceso de velocidad fue lo que produjo el vuelco.
La entidad ha destacado en un comunicado que en el auto de reapertura de la causa dictado por la Audiencia "dejaba claro" que "la máxima que debe regir en esta fase es que, ante la más mínima duda, hay que agotar la investigación, buscando la verdad, dejando inocuo el más mínimo resquicio de duda", algo que a su juicio, "la jueza no está permitiendo en absoluto".
"INCOMPRENSIBLE"
"Encontramos imcomprensible que la jueza no permita contestar, por ejemplo, a la pregunta de 'si había análisis y valoración de riesgos en el lugar del accidente' que habría despejado si realmente Ferrocarrils --de la Generalitat-- tenía una política de seguridad que analizara riesgos y aplicara medidas de seguridad para evitar accidentes, o si por el contrario su negligencia en políticas de seguridad permitió el accidente que segó la vida de 43 personas y causó heridas a otras 47".
Del igual modo, tampoco entienden "por qué no se permitió responder" a si "el sistema FAP era suficiente para proteger la curva", respuesta que "apuntaría a la responsabilidad de la empresa a la hora de programar y explotar un sistema de seguridad". Al respecto, la asociación recalca que la velocidad permitida en todo el tunel era de 60 kilómetros por hora, en el tramo de la curva se limitaba a 40, y sin embargo la baliza previa a la curva "comenzaba a frenar a partir de los 80km/h".
La AVM3J añade que en los comentarios del perito les "provoca mucha incertidumbre cuando cita que si los daños en las balonas hubieran sido importantes el conductor lo hubiera notado; al desparecer el libro de averías se puede haber destruido una prueba que apuntara al daño en las balonas".
Otro detalle que les llama "negativamente" la atención es que el perito "se atreva a afirmar que las condiciones de la vía eran correctas en el momento del accidente basándose en medidas que realizó en noviembre, más de 4 meses después del trágico suceso".
"Lamentablemente tras el accidente no se tomaron las precauciones necesarias para garantizar que todas las pruebas permanecieran intactas para la revisión de los expertos: los datos de la caja negra se borraron en FGV, el tren permaneció en las instalaciones de FGV, la vía fue manipulada para restablecer el servicio a las 48 horas sin que se tomaran medidas,...", añade.
A su entender, "las limitaciones que impone la jueza del metro a las respuestas del perito determinan la misma falta de voluntad de búsqueda de la verdad que ya sufrimos en la instrucción llevada en 2006. La jueza Nieves Molina limita la investigación de tal forma que vulnera nuestro derecho a una tutela judicial efectiva".
