Publicado 27/07/2022 18:40

Víctimas del terrorismo piden al juez que prorrogue la investigación del asesinato de Miguel Ángel Blanco

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en ‘Púnica’, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España).
Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en ‘Púnica’, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

DyJ recuerda que hay diligencias "pendientes de práctica" y que la Policía ha de remitir todavía su informe

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han solicitado al juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco que prorrogue la causa en la que trata de determinar la posible responsabilidad de la cúpula de ETA en el atentado.

Sendas peticiones llegan después de que la Fiscalía enviase al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, un informe en el que le pedían que alargase la instrucción por un periodo de seis meses. El magistrado dio cuenta del informe el pasado viernes, pidiendo entonces a las partes que se posicionasen antes de tomar una decisión.

Por su parte, la Asociación Dignidad y Justicia ha presentado este mismo miércoles un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que interesan la prórroga ante "la existencia de distintas diligencias de prueba que aparentemente quedarían pendientes de practicar, como el informe solicitado a Policía Nacional, entre otras".

"Teniendo en cuenta tanto el carácter complejo de los hechos investigados, como la propia naturaleza de las diligencias de investigación que han sido acordadas y aún no practicadas, es inferible lógico-racionalmente que a la vista de su resultado pueda ser necesario acordar otras nuevas diligencias, y salvo el superior criterio de este Juzgado Central de Instrucción entendemos que ello debe poder serlo aún siempre dentro de un plazo de instrucción en vigor", sostienen.

Por otro lado, fuentes jurídicas han confirmado a esta agencia de noticias que la Asociación Víctimas del Terrorismo también ha pedido al instructor que continúe investigando al menos seis meses más.

Quién también ha instado al magistrado a prolongar la fase de instrucción ha sido la hermana del edil del PP, Marimar Blanco, después de que el juez García Castellón admitiese su personación como acusación popular. El Partido Popular, por su parte, se adhirió a la petición de la Fiscalía solicitando de la misma forma que se prorrogasen las pesquisas.

EL ORIGEN DE LA CAUSA

Fue el pasado mes de marzo cuando García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia.

La asociación dirigía su acusación contra los nueve jefes de la organización terrorista en el momento de los hechos: 'Anoboto', 'Kantauri', 'Mikel Albisu', Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'; y Asier Oyarzabal, 'Baltza'.

El juez acordó llamar como investigados a los tres primeros y apreció de oficio la prescripción de los delitos para 'Iñaki de Rentería', una decisión que tanto la Fiscalía como el PP y DyJ le han pedido revertir. En cuanto a 'Kantauri', su eventual declaración está pendiente de que Francia lo autorice.

Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.

En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos "planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco".