Villar declara hoy en la Audiencia Nacional por la presunta corrupción en la RFEF

Publicado 28/02/2019 6:52:24CET

Pedraz investiga la subvención a la Federación Cántabra para el campo de fútbol de Tanos, en Torrelavega

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar declarará hoy a las 10.30 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación al llamado caso 'Soule' que investiga presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida y falsedad en documento mercantill.

En concreto, Pedraz investiga a Villar, que se encuentra en libertad con medidas cautelares, por su presunta intervención en los pagos a cuenta de la Federación por servicios inexistentes o preceptos que no se correspondían con la realidad, en una práctica que los investigadores sitúan al menos desde 1999. En este caso, ampliará el testimonio que ya prestó el 21 de julio de 2017, después de ser detenido.

Antes de Villar, está citado a las 10.00 horas Diego Martínez Peinado, máximo responsable de la delegación territorial de la RFEF en Melilla, también investigado en esta causa y que ha sido convocado a la Audiencia Nacional al igual que otras diez personas relacionadas con la federación que irán pasando ante el juez hasta el 9 de abril.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga los pagos a Adolfo Gil de la Serna, que entre 1999 y 2018 habría percibido 283.246 euros y Julio Pérez Tomé, que desde 2009 y hasta 2016 se habría embolsado al menos 200.000 euros, justificados en contratos presuntamente ficticios y firmados a sabiendas de que ninguno de ellos prestaba ningún servicio.

En la misma línea, está bajo investigación el cobro por parte de Dora de Pedro Muñoz de una cantidad superior a 80.000 euros en 2006 y 2009 en concepto de una jubilación que no se habría producido dado que ella seguía cobrando -unos 70.000 euros de media anual entre 2010 y 2016--.

Además, a Villar se le imputan los pagos al hijo del presidente de la Federación Melillense de Fútbol, Diego Martínez, que habría resultado beneficiado con más de 100.000 euros entre 2012 y 2016 también con base en una aparente contratación de servicios acordada en las oficinas centrales de la Mupresfe cuando él la presidía y a cuenta de la RFEF.

SUBVENCIONES AL CAMPO DE FÚTBOL DE TORRELAVEGA

Estas cinco personas beneficiarias de los presuntos pagos ficticios han sido llamadas a declarar como investigadas ante el juez Pedraz a partir del 26 de febrero, igual que el propio Villar, que podrá ampliar el testimonio que prestó que ya prestó el 21 de julio de 2017, después de ser detenido junto a su hijo Gorka y el exvicepresidente de la Federación Tinerfeña, Juan Antonio Padrón.

Además, en esta nueva 'tanda' de declaraciones, se abordará la subvención que recibió la Federación Cántabra de Fútbol para la remodelación del Campo de Tanos, según las mismas fuentes jurídicas, para lo que el juez ha citado como testigo al ex secretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal, que ostentaba el cargo cuando se concedió esa ayuda pública.

También están llamados la actual directora General de Fútbol Profesional en el Consejo Superior de Deportes (CSD), Lucía Muñoz-Repiso, que en 2014 firmó un informe sobre los incumplimientos del Ayuntamiento de Torrelavega en relación a la subvención, el funcionario del CSD que realizó las actas de inspección, el exdirigente de la Federación Cántabra Fernando Corral y el alto funcionario Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre.

Villar no declaraba en la Audiencia Nacional desde el 21 de julio de 2017, después de ser detenido. El juez instructor le envió entonces a prisión, junto a su hijo Gorka, imputados por delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Sólo diez días después, el magistrado decretó para ellos libertad provisional bajo fianza en metálico de 300.000 euros, en el caso del expresidente de la RFEF y del exvicepresidente de la Federación Tinerfeña, Juan Antonio Padrón, y de 150.000, en el caso de Gorka Villar. A los tres les impuso medidas cautelares.

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