Visto para sentencia en Sevilla el caso del presunto delito de prevaricación imputado a Alfaro (PA)

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha acogido hoy las últimas pruebas testificales de la causa que la citada instancia judicial instruye contra el portavoz del PA en la Diputación de Sevilla y en el Ayuntamiento de Coria del Río, Tomás Alfaro, --para quien el fiscal pide diez años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación, quedando el juicio visto para sentencia.

En un comunicado remitido a Europa Press, el Ayuntamiento de Coria del Río informó de que la mencionada instancia judicial acogió hoy las declaraciones del secretario municipal y del secretario accidental del Consistorio, toda vez que el acusado ha renunciado a las dos pruebas testificales que había propuesto.

Así, y después de que el pasado martes Alfaro declarase durante más de dos horas, el ministerio público ha ratificado sus calificaciones --diez años de inhabilitación--, y el caso ha quedado visto para sentencia, pues ese mismo día prestaron también declaración seis testigos entre los que figuraba el denunciante; el concejal del Gobierno municipal Ricardo del Toro, que en 2002 demandó a Alfaro como portavoz municipal de IULV-CA acusando al por entonces alcalde de Coria de tramitar contratos laborales en fraude de Ley.

La denuncia de Ricardo del Toro ya ocasionó las anteriores declaraciones de Alfaro y de otras personas afectadas por el caso, resultando imputado en 2004 el dirigente andalucista y posteriormente acusado oficialmente en 2005 por la Fiscalía, que le atribuye un presunto delito de prevaricación por el que solicita diez años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.

El martes, Alfaro prestaba declaración en el juzgado de Instrucción número 13 y aportaba un total de 519 contratos tramitados "exactamente igual" por el actual Gobierno municipal, formado por el PSOE y el edil Del Toro --expulsado de la asamblea local de IULV-CA---. Así, Alfaro dijo a Europa Press que se encuentra "totalmente tranquilo" porque el caso tiene un trasfondo "político".

Si bien la primera denuncia aludía a más de cien contratos presuntamente formalizados de forma irregular, Alfaro aseguró que las diligencias se reducen ya a sólo 28 contratos, de los que tres corresponderían a cargos de confianza.