Vox reclama multas para obligar a acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox defenderá este jueves en la Comisión de Función Pública del Congreso una proposición no de ley en la que demanda la imposición de multas para obligar a acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia y medidas para incrementar la independencia de este organismo.

Los de Santiago Abascal aspiran a que el Gobierno haga de la transparencia y la rendición de cuentas "los principios fundamentales de su actuación", garantizando el acceso de la ciudadanía a información pública con el fin de que pueda "conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes".

Para ello, plantean que se reforme la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y que se aproveche esta norma para regular los grupos de presión y crear un Registro Estatal de intereses y grupos de interés.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Vox demanda que la ciudadanía pueda conocer las reuniones que mantienen con ellos "los altos cargos y responsables políticos" y que se detalle qué actividades pueden realizar los 'lobbies', un código de conducta que les obligue y que tengan que estar registrados.

PRESUPUESTO PROPIO Y MÁS CONTROL DEL CONGRESO

Pensando en potenciar "la autoridad" del Consejo del mismo nombre que vela por su cumplimiento, Vox pide que se le dé más poder para adoptar criterios de interpretación y recomendaciones y que se fije un régimen sancionador para, a través de "multas coercitivas", forzar al acatamiento de sus reclamaciones.

Además de reclamar más dotación presupuestaria y de personal para este órgano sugiere que se le dote de un presupuesto propio y segregado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para favorecer su independencia.

También plantea que los informes anuales sobre la actividad del consejo sean objeto de debate y enmiendas en el Congreso, que se adapte la normativa básica de transparencia a las necesidades actuales y que se promueva, a través de los convenios ya en vigor, que Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria constituyan sus propios Consejos de Transparencia.