SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La nueva ley que regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y autoridades de la Administración gallega deriva en la Asesoría Xurídica de la Xunta la decisión y determina que si el imputado en cuestión finalmente es defendido y pierde el pleito deberá, como había avanzado ya el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, abonar los gastos generados en el proceso.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que ha aprobado la norma que llega para "cubrir los vacíos legales" de una legislación que data de 1984, Feijóo ha remarcado que la decisión sobre la defensa ya no dependerá exclusivamente de una esfera "política" como puede ser la Consellería a la que esté adscrito, sino que se descargará en un "cuerpo técnico", el de la Asesoría Xurídica, cuya labor ha ensalzado.
Hasta el momento en la Administración gallega la decisión acostumbra a partir del departamento en cuestión, aunque la última palabra la suele tener la Asesoría Xurídica, que decide si veta o no una defensa. Ahora quedará regulado por una ley que, además, rechazará la defensas de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya "indicios" de que ha actuado "contra los intereses de la administración".
Si la defensa se autoriza y dichos indicios aparecen una vez que ya ha avanzado el procedimiento, podrá ser "revocada". Igualmente, si se niega la defensa a un empleado público o autoridad por una actuación en el ejercicio de sus funciones y éste resulta absuelto, también deberá ser indemnizado por la Administración autonómica.
Entre los departamentos en los que se genera un mayor movimiento judicial ligado a la administración están la docencia y la sanidad. Aunque no dispone de los datos de litigiosidad, Feijóo ha destacado la "magnífica labor" de los miembros de la Asesoría Jurídica y sus victorias "en defensa de los intereses" de la comunidad.
Esta norma forma parte del paquete de "cinco leyes en 50 días" anunciado por Feijóo para "el impulso a la regeneración democrática". La ley de financiación de partidos ya ha sido aprobada y la de transparencia seguirá los mismos pasos este mes. El paquete lo completarán otros dos textos legislativos para reforzar el papel del Consello de Contas en la lucha contra la corrupción y para potenciar la participación ciudadana, que impulsará el Grupo Parlamentario Popular.
CONTROL SOBRE TODO EL SECTOR AUTONÓMICO
El texto está dividido en cinco capítulos en los que, al margen de abordar la defensa de empleados públicos y autoridades que vayan a juicio, se aborda el papel "fundamental" de la Asesoría Xurídica como "órgano de control de legalidad" de las normas, contratos, convenios, subvenciones y otro tipo de expedientes.
Además, este control de la legalidad que ejerce el personal letrado se extiende a todo el sector público autonómico para que los entes instrumentales estén sujetos al mismo grado de supervisión y de rigor que la Administración xeral.
Feijóo ha explicado que también se desarrollará el principio de autoprovisión, de acuerdo con la premisa de "no contratar fuera aquello que se puede prestar con medios propios".
Así, se concreta que previamente a la apertura de cualquier expediente de contratación de una consultoría legal o de un despacho de abogados externo habrá que dar parte de dicha intención a la Asesoría Xurídica Xeral para que se pronuncie sobre si se puede asumir esa función con letrados de la Xunta.
Pero incluso en los casos en los que no se pueda, la Asesoría Xurídica conservará el poder de supervisar la ejecución de dicho contrato y de coordinar su actuación para que se sujete a la unidad de doctrina legal dentro del sector público autonómico. En consecuencia, ya no podrá haber "islas de asesoramiento fuera".
CALIDAD NORMATIVA
En su intervención, el presidente ha enfatizado que el texto desarrolla, además, el principio de calidad normativa que fue introducido también en la Ley de Racionalización.
Así, en desarrollo de esa ley se aprobaron unas directrices de técnica normativa para unificar los criterios estructurales y formales de las normas que elabore la Xunta. Ahora, se le asigna legalmente a la Asesoría Xurídica la misión de velar por su cumplimiento garantizando "la homogeneidad y la claridad" de todo el ordenamiento jurídico gallego.
De acuerdo con este principio, se proclama la Asesoría Xurídica como órgano coordinador de los procesos de simplificación normativa y de refundición.
Actualmente, está en marcha el primer plan de simplificación legislativa de la historia de Galicia, en el que se propuso finalizar la legislatura con un 25 por ciento de leyes menos. Entre tanto, para continuar ese esfuerzo, la revisión, evaluación y racionalización del mapa jurídico será un proceso periódico del que también se encargará la Asesoría Xurídica.
HABILITACIÓN DE OTROS FUNCIONARIOS
Feijóo también se ha referido al incremento de la exigencia de la eficiencia de la plantilla de los letrados de la Xunta con dos decisiones.
La primera de ellas determina "unificar su gestión en una única relación de puestos de trabajo", que permita mayor flexibilidad y mayores posibilidades de redistribución de esfuerzos según las necesidades puntuales de la administración.
En segundo lugar, se regula la posibilidad de habilitar la determinados funcionarios de otros cuerpos superiores de la administración autonómica para que ejerzan determinadas funciones de limitada complejidad jurídica, permitiendo liberar al personal letrado para "atender aquellas funciones en que su participación sea más esencial".
Al respecto, Feijóo ha reiterado básicamente tres funciones: control de la legalidad de las normas, contratos, convenios de subvenciones y otro tipo de expedientes, la representación y defensa en cualquier proceso judicial de los intereses del sector autonómico, especialmente ante el TC u organismos internacionales, y el ejercicio de la acción popular.
