La Xunta pide que se evite trasladar a la ciudadanía el urbanismo como "sinónimo de corruptela"

La conselleira cree que los casos de Gondomar y Finca do Conde (Vigo) son ejemplos de "huida hacia adelante"

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 20 febrero 2007 16:31

VIGO, 20 (EUROPA PRESS)

La conselleira de Política Territorial de la Xunta de Galicia, María Xosé Caride, afirmó hoy que se debe ser "extremadamente cautelosos" para no trasladar a la ciudadanía la idea de que el urbanismo es "sinónimo de corruptela", en referencia a las detenciones de dos ediles del PP de Gondomar por supuestos delitos de cohecho.

En una rueda de prensa convocada para hablar sobre el PGOM de Vigo, Caride aseguró que coincidía con la afirmación del presidente de la Fegamp, Xosé Crespo, de que "el que meta la mano en la caja no puede dedicarse a la política", y calificó de "lamentable" la detención de los ediles, aunque aclaró que es "una buena noticia" que la Justicia persiga estos comportamientos.

En ese sentido, reprochó al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, sus manifestaciones acerca de que se considere un "agravante" la pertenencia al PP en las investigaciones sobre corrupción urbanística. Según Caride, a ella "no se le pasa por la cabeza" que los jueces "se dejen presionar por algún grupo político".

"HUIDA HACIA DELANTE"

La conselleira explicó que lo ocurrido en Gondomar, al igual que la sentencia anulatoria de la actuación de Finca do Conde en Vigo, es un ejemplo de que "la huida hacia adelante no es una buena estrategia". Así, recordó que Gondomar tiene un PGOM anulado y que, a pesar de ello, el Gobierno local (del PP) concedió más de 200 licencias con base en ese Plan. "Los errores no desaparecen, sino que hay que corregirlos", añadió.

Del mismo modo se pronunció la conselleira sobre la anulación de Finca do Conde por parte del Tribunal Supremo, y recriminó al Gobierno local de Vigo que pretenda "darse prisa en aprobar el PGOM para solucionar esto", cuando otorgó las licencias a pesar de los informes y las sentencias en contra. Según la titular de Política Territorial, "no hay que tener un plan a cualquier precio, sino uno que garantice la seguridad jurídica para que esto no se vuelva a repetir".

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