Yagüe ampliará la querella por injurias y calumnias contra administrador de Copasur una por delitos de extorsión

MARBELLA (MALAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Marisol Yagüe, anunció que ampliará la querella por injurias y calumnias interpuesta ya contra el administrador único de Copasur, Alberto Piñana, a una por delitos de extorsión.

Este anuncio lo hizo en una rueda de prensa que, quizá por los nervios y el ambiente tenso de estos días, terminó enfrentando al público presente con los medios de comunicación, escuchándose amenazas contra algún periodista en el salón de plenos marbellí e incluso un informador podría haber sido agredido por un simpatizante de la regidora.

"Tengo las manos limpias y voy a ir donde haga falta para que este sujeto no chantajee ni al Ayuntamiento de Marbella ni a ningún ciudadano", afirmó Yagüe, al tiempo que aseguró que "el caso es que nunca nos podríamos poner de acuerdo por el precio de la obra y desde un principio entendí que todo era un chantaje".

Asimismo, la regidora dijo que también tomaría medidas legales contra la presidenta del Partido Popular (PP) en Marbella, Ángeles Muñoz, y contra los concejales del Partido Andalucista (PA), Carlos Fernández y Pedro Pérez, por los "insultos y mentiras que se han vertido".

Según Yagüe "Muñoz pide mi dimisión cuando estoy siendo extorsionada y los concejales a los que expulsé del equipo de gobierno han sido los últimos en subirse a este carro orquestado por Piñana en colaboración con la presidenta del PP". "El PP y el PA están respaldando a un profesional del chantaje" y "es indecente lo que dicen ambos", añadió.

La alcaldesa indicó que a pesar de que se trataba de un asunto "del ámbito privado", iba a dar cuenta de manera "voluntaria tras la sarta de mentiras" que se están diciendo. Según declaró la alcaldesa, su abogado personal, Alfredo López, ha investigado en las acusaciones realizadas por el constructor descubriendo "un montón de irregularidades, dobles facturaciones, facturas falsas y trabajos que me quieren cobrar y que no se han hecho en mi casa", especificó.

En cuanto al aspecto público de la polémica, expuso que quien de verdad miente es Piñana porque éste tiene "una gran contradicción" al afirmar que se desviaron 150.000 euros de la obra de Jacinto Benavente y otros 150.000 de la guardería del núcleo poblacional de San Pedro de Alcántara. Para la regidora, en los distintos mecanismos que existen en el Consistorio para que se controlen los "gastos innecesarios se puede comprobar que estos desvíos son falsos y que ni siquiera ha habido un intento de hacerlo".

"La obra de Jacinto Benavente salió a concurso público, presentándose una única empresa por lo ajustado del presupuesto y las pocas ganancias que se podrían obtener", pero "es más absurdo aún el afirmar que se produjo un intento de desvío de fondos de la guardería sampedreña cuando esa obra fue pagada por adelantado por el anterior alcalde, Julián Muñoz", aseveró Yagüe, quien se preguntó "cómo se va a desviar dinero de una obra que se pagó en 2003 y que todavía no se ha hecho".

El convenio al que hizo referencia, "y que dicen ya los expertos que tiene irregularidades" fue una permuta por un valor de 1.400.000 euros que se firmó el 6 de mayo de 2003, y una auditoría llevada a cabo por funcionarios municipales puso de manifiesto que de las obras acordadas en el convenio anterior no se habían hecho "ni la mitad" y que éstas tendría un valor de 365.000 euros.

En este sentido, la alcaldesa apuntó que quien debe dinero es Piñana al Ayuntamiento de Marbella y "no al revés". "Piñana, hoy por hoy, debe al Consistorio 1.040.000 euros", recalcó.

Asimismo, Yagüe explicó que Piñana también le pidió que se le abonase un "supuesto proyecto" que había realizado para unas viviendas sociales en Arroyo I y aseguró que esto se produjo sin que el constructor aportase "en ningún momento", copia de ese proyecto.

"Piñana quiere que el Ayuntamiento marbellí le regale el dinero y yo no voy a hacer la vista gorda ante una estafa tan evidente", sentenció.

En cuanto al embargo preventivo que pesa sobre su vivienda, la alcaldesa dijo que no se va a impugnar esta medida ya que le parece "irrelevante". Según Yagüe, la jueza que lleva la querella civil ha decretado dos medidas preventivas: el embargo sobre su casa y una fianza de 95.000 euros, cuando el constructor pedía 5.000 euros, por las posibles lesiones que le pueda causar a su imagen.

"Así de tranquila tengo mi conciencia", admitió. "No pienso vender la casa en la que he vivido y vivo y no voy a pagar un chantaje, pagaré únicamente lo que digan los peritos judiciales que valen las obras realizadas en la vivienda", concluyó.