MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Familias Afectados por la Catástrofe Aérea del Yak 42 contra la decisión de la juez Teresa Palacios de no tomar declaración como testigos al ex ministro de Defensa Federico Trillo y al secretario General de Política de Defensa de su Gabinete, Javier Jiménez-Ugarte, en relación con la identificación errónea de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Turquía.
La Sala considera que no se dan los requisitos de pertinencia y necesidad que justificarían tales citaciones, puesto que "independientemente de su responsabilidad en el Ministerio de Defensa", la diligencia de identificación de los cadáveres se realizó "bajo técnicas periciales y específicas", al margen del conocimiento de ambos responsables.
El auto, firmado por los magistrados Félix Alfonso Guevara, Fernando Grande-Marlaska y Fermín Echarri hace suyo lo dicho en septiembre de 2005 por la juez Palacios al rechazar en primera instancia las declaraciones, al considerar que los testimonios del ex ministro y del secretario de Estado serían, en todo caso, "de referencia, conjugándose otras posibilidades reales, como pruebas periciales, que puedan concluir sobre su aquietamiento a los protocolos comúnmente aceptados".
DECLARACIÓN "INSTRUMENTALIZADA".
El tribunal añade que en la pretensión de la asociación de familiares "parecen subyacer otros intereses, cuales son las supuestas responsabilidades en que dichas personas pudieran haber incurrido".
Esta circunstancia determinaría la "impertinencia" de la declaración de los dos testigos "salvo que tratando de instrumentalizarse" se intentara vulnerar su derecho de defensa, es decir, que se tratara de buscar su inculpación una vez hubieran declarado en la Audiencia Nacional.
En septiembre de 2005, Palacios rechazó el testimonio de Trillo en la causa alegando no formó parte de la comisión militar española que se desplazó a Turquía para repatriar los cadáveres. Además ya ha había declarado el principal imputado, el general de División ya en la reserva Vicente Carlos Navarro, que fue él quien identificó a los militares que no habían podido ser identificados por los expertos turcos.
Navarro aseguró ante la juez y el fiscal adscrito al caso, Fernando Burgos, que no recibió ninguna llamada u orden que justificara su decisión de designar los cuerpos cuya identificación era difícil con un nombre al azar. El testimonio del principal responsable del Defensa cuando se produjo el siniestro sólo sería necesario si el general de División imputado hubiera admitido que actuó siguiendo algún tipo de instrucción.
En cuanto al ex secretario General de Política de Defensa, la magistrada consideró innecesaria su comparecencia porque su relación con el caso se produjo después de ocurrido el accidente y consistió en el contacto telefónico que el Ministerio mantuvo con cada una de las familias de los militares fallecidos.