ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La empresa alemana Chapman Freeborn, que recibió --en 2003-- el encargo de la OTAN de contrata el vuelo Afganistán-Zaragoza y que se saldó con el fallecimiento de los 62 militares españoles que viajaban en un avión Yakovlev-42, negó hoy toda responsabilidad en la catástrofe producida en Turquía y remitió a las víctimas al "Estado español".
El abogado José Luis Goñi representó esta mañana a la compañía Chapman Freeborn Airmarketing GMBH en el juicio civil tramitado en la Audiencia de Zaragoza, en el que los abogados de los familiares de los 62 fallecidos trataron de demostrar que el juez Ángel Dolado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, erró en 2006 al igualar las cantidades a abonar a los familiares, en concepto de compensación, con las estipuladas para las víctimas de accidentes de tráfico.
En su intervención, José Luis Goñi dijo inicialmente que si alguien es responsable se trata de la compañía subcontratista Ukranian Mediterranean Air, responsable tanto del avión como del personal que, efectivamente, realizó el vuelo que concluyó con la colisión contra un monte cercano al aeropuerto turco de Trabzon. En todo momento, Goñi resaltó que Chapman Freeborn no es propietaria de material de vuelo alguno, ni contrata pilotos ni personal de navegación aérea.
Goñi dedicó buena parte de su intervención a resaltar que el vuelo tenía carácter militar, lo que a su juicio libera a Chapman Freeborn del cumplimiento de los sucesivos acuerdos internacionales firmados a lo largo del siglo XX para regular las compensaciones en los accidentes aéreos.
El vuelo tuvo un carácter netamente militar, según Goñi, ya que Chapman Freeborn recibió el encargo de fletar el vuelo desde la dirección de la empresa NAMSA, dependiente de la OTAN, y todos los pasajeros eran militares, en este caso españoles. Estos argumentos llevaron a Goñi a considerar que los familiares deberían recurrir ante el "Estado español".
"Chapman no tiene nada que ver con las indemnizaciones", aseveró Goñi a lo largo de su alocución, quien animó al tribunal a reiniciar el proceso civil, en cuya primera parte, la tramitada en 2006 por el juez de lo civil Ángel Dolado en la vista celebrada en la Feria de Muestras de Zaragoza, Chapman Freeborn no participó.
Al respecto, aunque el juez Dolado y los abogados de la víctimas entendieron, en 2006, que Chapman Freeborn actuó en rebeldía, al no asistir al primer juicio, José Luis Goñi recurrió a un tecnicismo según el cual Chapman Freeborn es "un apellido" y que el escrito de convocatoria enviado por el Juzgado que preside Ángel Dolado, en 2006, fue entregado en la sede de la empresa Chapman Madrid, que no guarda relación con la firma alemana, con sede en Frankfurt, implicada en el operativo de vuelo.
GUERRA DE GILA.
Por otra parte, Goñi manifestó el "homenaje" de la firma que hoy representaba hacia los 62 militares fallecidos y animó a los familiares a solicitar, a otros, las correspondientes indemnizaciones. Los argumentos utilizados por los abogados de los familiares de las víctimas para exigir a Chapman que abone la indemnización le recuerdan a Goñi a la "guerra de Gila", en alusión a la caricatura teatral que el artista Miguel Gila hacía de las guerras, ridiculizándolas.
El juicio verbal se centró en la intervención consecutiva de los abogados que representan a los familiares, a quienes --al final-- el juez Juan Moreno indicó que podría haberse producido un reparto erróneo y que la causa podría corresponder a un juzgado de lo mercantil, comentario al que los abogados de los familiares restaron valor apelando al principio de conservación de los procesos, que obligaría a mantener la causa en la jurisdicción civil.
El letrado Javier Hernández destacó en todo momento la "rebeldía premeditada" de Chapman Freeborn y aludió a los diversos procedimientos para comunicar, incluso verbalmente, a los representantes en España de la firma alemana el inicio, en 2006, de la primera vista civil. "Chapman era consciente y evitó, por su propio interés, comparecer", sentenció Hernández.
Hernández aludió al Convenio de Varsovia, relativo a la navegación aérea, para afirmar que Chapman y Um Air tenían responsabilidad en el vuelo del Yak-42 hasta la llegada al aeropuerto de destino, en este caso la Base Aérea de Zaragoza, adonde no llegó el avión. Sobre el argumento utilizado por el letrado José Luis Goñi, respecto al carácter militar del vuelo, Hernández afirmó que "nada importa".
Por su parte, el abogado Carlos Villacorta insistió en que el vuelo se hizo al amparo del Convenio de Varsovia y que era uno de tantos vuelos 'charter' que contrata el Ministerio de Defensa de España, como ha hecho tanto antes como después del accidente, con esta y otras compañías. Chapman Freeborn es --según Villacorta-- responsable por ser la transportista, a efectos legales.
Según el contrato rubricado con NAMSA, los pasajeros "tenían una relación contractual directa con Chapman", lo que obliga ahora a la firma alemana a compensar a sus familiares, siempre según Villacorta, quien opinó que, en el vuelo del Yak-42, se produjeron "una cadena de faltas temerarias" que concluyeron con la caída del avión.
El abogado José Sanz remarcó la rebeldía "voluntaria" en que incurrió la firma Chapman Freeborn y exigió el aumento de las indemnizaciones, que en total se elevarían a unos 60 millones de euros, según los demandantes.
El letrado Eudald Vendrell lamentó que el juez Ángel Dolado no tuvo en cuenta las "circunstancias específicas" del accidente y se "limitó" a aplicar el baremo ya establecido para los accidentes de tráfico rodado. Vendrell recordó que el objetivo de las indemnizaciones es la reparación total del daño, lo que hasta ahora no se ha producido.
Antes de emitir sentencia, los demandantes y los demandados podrán trasladar al juez los escritos que consideren oportunos para que el tribunal dilucide si es conveniente aumentar las indemnizaciones de los familiares de las víctimas del Yak-42.
