ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los familiares de los militares españoles fallecidos en el accidente que sufrió el avión Yakovlev-42 en Turquía cuando volvían de Afganistán a Zaragoza el 26 de mayo de 2003, quienes presentaron una demanda civil contra las tres empresas implicadas en el vuelo, que fueron condenadas a pagar 6,2 millones de euros, celebrarán una asamblea tras la Semana Santa para decidir si recurren la sentencia.
Este colectivo, agrupado en torno a la Asociación de Familiares de Víctimas del Accidente del Yak-42, acata la sentencia emitida por la magistrada María Teresa Real, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, aunque discrepa del montante de la indemnización, que Real rebajó de los 60 millones que pedían los demandantes a 6,2 millones.
La sentencia, hecha pública el pasado viernes, estima parcialmente las demandas de los de los familiares de los 59 de los fallecidos en el accidente, personados en el juicio civil. Condena a la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (Um Air), a la contratista alemana Chapman Freeborn y a la reaseguradora BUSIN Joint Stock Insurance al pago de un total de 6.125.500 euros, en concepto de indemnización para los familiares de las víctimas. De esa cantidad, la reaseguradora solo deberá abonar 20.000 dólares americanos a una de las familias.
El abogado barcelonés Leopoldo Gay, socio del despacho Gay & Vendrell y uno de los letrados de los demandantes, explicó hoy, a Europa Press que, al ser una causa civil, disponen de cinco días hábiles para anunciar a la magistrada si recurren o no después de el fallo fuera notificado a las partes.
El próximo viernes, 19 de marzo, será entregado el escrito de 'Anuncio de Recurso' en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza.
Presentando el anuncio de recurso, los demandantes conseguirán un aplazamiento de varias semanas para poder decidir definitivamente si recurren la sentencia o no lo hacen. Para ello, celebrarán una asamblea después de la próxima Semana Santa, del 1 al 4 de abril, según explicó a Europa Press el presidente de la asociación de familiares, Miguel Ángel Sencianes.
El letrado Leopoldo Gay opinó que "si recurren no será un capricho", ya que la cifra de 60 millones de euros que solicitaron los demandantes en el juicio respondía a un cálculo realizado por profesionales, pero "los jueces dicen unos A y otros B".
La fase de debate entre los familiares junto con los letrados para decidir si recurren o no "en ningún caso va a ser temeraria", sino que será "una discusión basada en el trabajo de expertos y sentencias" de otros tribunales, por lo que la decisión que se tome estará correctamente fundamentada, señaló Gay.