Acuerda solicitar información al Ministerio y a las empresas Chapman Freebrorn y Namsa sobre toda la cadena de contratos antes del Yak
MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha rechazado realizar un careo entre el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2003 y 2004, Alejandre Sintes, y el JEMAD entre 2004 y 2008 Félix Sánz Roldán, con el fin de aclarar las posibles negligencias en la contratación de la aeronave que se estrelló en Trazbon (Turquía) en mayo de 2003, provocándo la muerte a 62 militares españoles. Considera el juez que en este momento es innecesario y que, de producirse, debería serlo "en un posible juicio oral".
Esta es una de las más de cincuenta diligencias que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha denegado en un auto en el que sí acepta algunas actuaciones solicitadas por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (AFATY) y por otro grupo de familias representado por la abogada María Ángeles López, en el marco de la causa en la que permanecen imputados cinco altos mandos militares.
En concreto, ha acordado, tal y como había pedido AFATY, solicitar al Ministerio de Defensa, la contratista Chapman Freebrorn y la agencia de la OTAN Namsa toda la documentación relativa a la cadena de contratos que existieron con aviones de la antigua Unión Soviética antes del fallido vuelo en el que murieron los militares españoles que volvían de Afganistán.
Según precisaron fuentes de la asociación, piden que se aporten todos los contratos de un total de 44 vuelos, así como los movimientos económicos de la contratación de cada avión, ya que "hasta ahora no se ha hecho".
En el auto, antes de pronunciarse sobre cada una de las diligencias solicitadas, el magistrado subraya que los hechos objeto de investigación "no son otros que el fallecimiento de militares españoles", que pueden "conformar una comisión de distintos delitos de homicidio por imprudencia grave", y que no se puede convertir la instrucción "en una indagación general y sin restricciones sobre comportamientos que son ajenos a la posible concreción de la responsabilidad criminal".
NI UNA TESTIFICAL
En el caso de las actuaciones solicitadas por las familias representadas por María Ángeles López, el juez rechaza tomar declaración a las 46 personas que se habían propuesto, entre ellas las de 22 militares españoles en calidad de testigos. Entendía esta parte que estos testimonios servirían para acreditar "la dejación de funciones de control y vigilancia de la contratación, aviones y vuelos de tropas a Afganistán e Irak entre 2002 y 2003".
Además, con el careo entre los dos ex JEMAD, los familiares de las víctimas pretendían aclarar si llegó al entonces ministro de Defensa Federico Trillo la queja remitida por el teniente coronel del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) Javier Marino sobre las deficiencias de los aviones para el transporte de tropas.
Sin embargo, el juez ha rechazado todas las testificales al entender que "adolecen de significación", ya que la instrucción no puede "convertirse en la celebración de un hipotético juicio oral". En el caso del careo, también lo estima innecesario "dada su misma excepcionalidad" y que "debería concluirse en un posible juicio oral".
También ha denegado todas las documentales, excepto una, solicitadas por este grupo de víctimas, que pidieron una treintena de informes a los Ministerios de Defensa y Fomento, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a las empresas Iberia Air Europa, entre otras.
Considera Marlaska que se pueden aplicar "las mismas razones de impertinencia y falta de necesidad" a estas actuaciones, que acabarían conformando "una causa de investigación general sobre la actuación del Ministerio de Defensa y no limitada al trágico siniestro objeto de investigación". Sí acepta no obstante solicitar al Ministerio ahora dirigido por Carme Chacón documentación relativa a la financiación del vuelo siniestrado.
CINCO IMPUTADOS
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 mantiene abierto este procedimiento, cuyos dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
También mantiene imputados en esta causa al jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
El pasado mes de marzo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó realizar nuevas imputaciones, al considerar que el vuelo era responsabilidad de la agencia de la OTAN Namsa y no de las autoridades militares españolas.
