Yak.- El responsable en Alemania de la empresa que subcontrató el avión comparecerá hoy ante el juez Marlaska

Actualizado: lunes, 12 mayo 2008 7:18

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El representante legal de la compañía Chapman Freeborn en Alemania, Russi Batliwala, comparecerá hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska como testigo de la causa que investiga las irregularidades que pudieron cometerse en la contratación del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles.

La comparecencia, que se desarrollará a partir de las 10.00 horas, estaba inicialmente prevista para el pasado día 6 de mayo aunque se retrasó después de que Batliwala solicitara un aplazamiento, según constaba en una providencia que el magistrado remitió a las partes.

El responsable de la empresa, que se encargó de subcontratar el avión siniestrado a la ucraniana UM-Air después de obtener la adjudicación del transporte de las tropas por parte de la agencia de la OTAN Namsa, testificará a petición de los familiares de las víctimas, según fuentes jurídicas.

DECLARACIÓN DE LOS RESPONSABLES EN ESPAÑA.

La citación se produce después de que el pasado 31 de marzo los representantes de Chapman Freeborn en España declararan que la operación de contratación fue llevada a cabo en su totalidad por la filial alemana de la empresa, con sede en Frankfurt.

Según fuentes presentes en esta declaración, el gerente de la oficina española, Sergio Núñez-Cacho, detalló ante el juez que tanto la documentación sobre la contratación del avión como la correspondiente a la tripulación se tramitó desde la oficina que dirige Batliwala.

De acuerdo con su testimonio, la oficina española no intervino en la contratación del avión ni verificó los términos en que ésta se produjo, ya que la única información que recibió fue la que le envió UM-Air, a la que pertenecía el Yak-42. De igual modo, Núñez-Cacho aseguró desconocer que el Estado Mayor Conjunto (EMACON) hubiera recibido críticas por el estado de los aviones o que con la subcontratación se hubieran modificado las condiciones de los seguros de los pasajeros.

A partir de estas declaraciones, el juez ordenó también dejar sin efecto la citación de Carol Norman, representante legal de Chapman Freeborn en el Reino Unido. Ésta se negó a comparecer ante el magistrado español y pidió que su declaración se realizara por videoconferencia o a través de una comisión rogatoria.

DECLARACIONES DE TRILLO Y BONO.

En la causa, que la Sala de lo Penal obligó a reabrir en noviembre de 2007 después de que Grande-Marlaska decretara su archivo, han comparecido los ex ministros de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la responsabilidad de la contratación del avión a la cúpula militar, y José Bono, que aseguró que el aparato no se encontraba en condiciones de volar y que alguna queja sobre su funcionamiento pudo llegar al gabinete de su antecesor.

También han declarado ante el juez el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte, el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos y un comandante que recibió un correo electrónico de uno de los militares muertos en el siniestro en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".

La causa relativa a la contratación del aparato fue archivada por Grande-Marlaska el 1 de junio de 2007. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal Audiencia Nacional le ordenó el 22 de enero pasado reabrir la investigación, al considerar que la archivó de forma precipitada.

Por otra parte, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal también revocó el pasado 29 de abril la decisión adoptada por el juez Marlaska el 22 de noviembre de 2007 por la que archivó la causa relativa a la identificación errónea de 30 de las 62 víctimas del accidente.

Tras la decisión de la Sala, el magistrado transformó las diligencias en procedimiento abreviado, previo a juicio oral, y dio diez días de plazo a las acusaciones para que entreguen su escrito de acusación, contra el general Vicente Carlos Navarro, el comandante José Ramón Ramírez, y el capitán Miguel Ángel Sáez, imputados por un delito de falsedad documental.