MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía del Estado, en representación de los seis imputados en el 'caso Yesa', en el que se juzgan supuestas irregularidades cometidas en la tramitación del proyecto de recrecimiento del embalse del mismo nombre, acusó hoy al fiscal de Medio Ambiente de Madrid Emilio Valerio de "falta de imparcialidad" en sus actuaciones a lo largo de la instrucción de la causa y anunció la presentación de un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una posible "vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías", recogido en el artículo 24 de la Constitución.
En este sentido, la defensa consideró que los documentos presentados por el Ministerio Fiscal, así como los hechos recogidos en su escrito de conclusiones provisionales ponen de manifiesto "cierta parcialidad " por parte del fiscal, que "podría tener incidencia" a lo largo de la vista oral. Además, recordó que ya pidió la abstención de Emilio Valerio en este caso.
En el banquillo de los acusados se sientan tres altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente durante el Gobierno del PP: Tomás Sancho Marco, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro; Carlos Escartin, director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente en la primera legislatura de José María Aznar, y María Dolores Carrillo Dorado, directora general de Evaluación Ambiental. También están acusados José Luis Uceda y Angel Núñez Maestro de Caminos, funcionarios del Estado destinados entonces en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y Carlos Vázquez Cobos, ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente.
La Abogacía del Estado impugnó, asimismo, durante las cuestiones previas del juicio que comenzó esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid la nueva documentación aportada por la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza), al considerarla "innecesaria" para el procedimiento.
La documentación presentada por la abogada del Consistorio, Mª José Beumont, se refiere, entre otras cuestiones, a informes relativos a documentación del Ministerio de Medio Ambiente, al Plan Nacional de Regadíos y a Informes Técnicos de la Conferencia Hidrográfica del Ebro.
El tribunal admitió cautelarmente esta documentación en el caso de que fuera necesaria a lo largo del juicio, aunque desestimó la información del Ministerio de Medio Ambiente por desconocer parte de su contenido y una prueba pericial a un ingeniero de caminos.
APLAZAMIENTO DEL JUICIO
Por otro lado, el abogado del Estado, en representación de la acusada Dolores Carrillo, entonces directora general de Evaluación Ambiental, solicitó el aplazamiento del juicio hasta el próximo lunes, día en el que previsiblemente la imputada podría estar en condiciones de estar presente en la sala, puesto que está recibiendo un tratamiento médico que le impide de momento asistir al juicio.
A pesar de ello, el tribunal acordó empezar mañana la declaración de los acusados en esta causa y entregar a Dolores Carrillo el acta con sus declaraciones. Asimismo, anunció la posibilidad de que los coimputados comparezcan de nuevo con el fin de "garantizar el derecho a su defensa".
PROYECTO DE YESA
Los hechos de esta causa se investigaron a raíz de una querella del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza), interpuesta en abril del 2000, en la que se describían supuestas ilegalidades en los trámites y ejecución del embalse de Yesa, entre las comunidades de Navarra y Aragón, cuyo Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada un año anterior.
Los ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del PP Tomás Sancho y Carlos Escartín se enfrentan a la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, quien solicita para ellos un año de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros por un delito de prevariación, otro de riesgo catastrófico y tráfico de influencias,
El fiscal pide para José Luis Uceda y Angel Núñez un año de prisión, 16 años de inhabilitación y una multa de 2.400 euros por un delito de prevariación y otro de riesgo catastrófico. El Ministerio Público reclama ocho años de inhabilitación para Dolores Carrillo y Carlos Vázquez Cobos por un delito de prevaricación.
ACUSACIÓN PARTICULAR
Por su parte, el Ayuntamiento de Artieda pide para Escartín nueve años de prisión por un delito de prevariación, riesgo catastrófico y falsedad de documentos y un total de 26 años de inhabilitación por estos delitos junto con otro continuado de prevaricación.
La letrada Beumont reclama para Dolores Carrillo y Carlos Vázquez tres años de cárcel y 10 años de inhabilitación por un delito de prevariación, riesgo catastrófico y un delito contra los recursos naturales y el patrimonio histórico. Además, solicita otros 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
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