Yesa.-El abogado del Estado pide la absolución de cinco de los acusados por no ser delito los hechos que se les imputan

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía del Estado solicitó hoy a la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid la libre absolución de cinco de los seis acusados en el 'caso Yesa', en el que se juzgan las supuestas irregularidades cometidas en la tramitación del proyecto del embalse del mismo nombre, ubicado entre Aragón y Navarra, al considerar que los hechos que se les imputan no son constitutivos de delito. Asimismo, señaló que el desarrollo del juicio ha corroborado la falta de imparcialidad del fiscal Emilio Valerio, que planteó en la fase de cuestiones previas, lo que provocó que éste planteara una queja al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

El juicio contra los responsables del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, que comenzó el pasado día 6, quedó hoy visto para sentencia, al renunciar los seis acusados, entre ellos tres ex altos cargos del PP del Ministerio de Medio Ambiente, a su última palabra.

En su informe, el abogado del Estado sostuvo que la acusación de prevaricación de la Fiscalía de Madrid contra el ex director general de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Escartín, a la entonces directora general de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo, a los funcionarios del Estado destinados a la CHE José Luis Uceda y Ángel Núñez Maestro de Caminos, y al ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos, constituye una imputación "improcedente", ya que "sus decisiones no tenían contenido decisorio, sino exclusivamente administrativo, por tanto, no susceptible de prevaricación".

La Abogacía del Estado también rechazó que la actuación de Escartín, Carrillo, Uceda y Núñez en la tramitación del recrecimiento de Yesa hubiese vulnerado la normativa medioambiental, por lo que, en su opinión, no incurrieron en un delito de riesgo catastrófico. Así, resaltó al tribunal que "todos los estudios sísmicos y geológicos incluyeron cálculos de estabilidad de laderas con resultados por encima de lo permitido y, además, fueron remitidos al Área de Vigilancia de presas, que en todas las fases del proyecto concluyó que era viable".

La Fiscalía pide que se condene a Escartín a 1 año de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros por los delitos de prevariación, riesgo catastrófico y tráfico de influencias. Para José Luis Uceda y Angel Núñez pide 1 año de prisión, 16 años de inhabilitación y una multa de 2.400 euros por prevariación y riesgo catastrófico y reclama 8 años de inhabilitación para Dolores Carrillo y Carlos Vázquez Cobos por un delito de prevaricación.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Respecto al delito de tráfico de influencias que pesa sobre Escartín y el ex presidente de la CHE, Tomás Sancho, a quien la Fiscalía de Madrid le retiró la prevaricación y el riesgo catastrófico, el abogado del Estado argumentó que "en ningún momento tuvo lugar", puesto que "ha quedado demostrado a lo largo del juicio que ambos acusados colaboraron permanentemente con la Administración Pública".

En concreto, se refirió a la incorporación de Escartín en septiembre de 2000 a la empresa ACS, que resultó la adjudicataria de la obra de construcción, e insistió en que éste comunicó con anterioridad al Ministerio de Administraciones Públicas su incorporación a la compañía y le remitió la documentación de su contrato conforme a la normativa de la ley de incompatibilidades.

Asimismo, el abogado del Estado indicó que cuando la Mesa de Contratación aprobó la propuesta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por ACS para realizar las obras, Escartín y Sancho "ya no eran superiores jerárquicos de nadie", puesto que los dos habían cesado su actividad en esos puestos.

"ACUSACIÓN FALSA"

Por su parte, el abogado de Angel Núñez Maestro de Caminos acusó al Ministerio Fiscal de imputar a su cliente una "acusación falsa y gratuita" por no concretar en su escrito de conclusiones definitivas los hechos de los que está acusado. Por ello, se preguntó dónde está la prueba de cargo para reclamar para él 1 año de prisión, 16 años de inhabilitación y una multa de 2.400 euros por un delito de prevariación y otro de riesgo catastrófico

El abogado del Estado concluyó su informe, asegurando que entendía la personación del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) como acusación particular en la causa, al considerar que "un pueblo puede rebelarse contra una obra que pueda provocar la inundación de algunos de sus terrenos", aunque recalcó que "no comparte en ningún caso" la decisión del Ministerio Fiscal de abrir un procedimiento jurídico "exclusivamente" por estos argumentos.