Yesa.- Un ex alto cargo de Medio Ambiente dice que su informe no daba cobertura a la Declaración de Impacto Ambiental

Rechaza haber recibido cualquier tipo de presiones por parte de Escartín o Sancho relativos a su informe MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente Carlos Vázquez acusado en el juicio que se sigue contra los responsables del Proyecto de Yesa, aseguró hoy ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que el informe jurídico que realizó a instancias de la entonces directora general de Evaluación Técnica, Dolores Carrillo, "no se realizó para dar cobertura jurídica" a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que el proyecto de recrecimiento del citado embalse, situado entre Navarra y Aragón, saliera adelante.

Vázquez, que trabajó desde mayo de 1996 hasta enero de 2001 en este departamento, se enfrenta a una pena por parte de la Fiscalía de Madrid de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) solicita para él 3 años de cárcel y un total de 20 años de inhabilitación por los delitos de prevariación, riesgo catastrófico y contra los recursos naturales y el patrimonio histórico.

El escrito de calificación del fiscal Emilio Valerio cita una frase del informe emitido por Vázquez en marzo de 1999, que señalaba que "en el estado de tramitación del referido expediente, era conforme a derecho dictar una Declaración de carácter favorable a la realización del Proyecto". Sin embargo, el acusado, actualmente catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, insistió en que "no tenía competencia para calificar, sino que intervenía exclusivamente en aspectos relativos a la situación procesal".

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Asimismo, Vázquez explicó al tribunal, que preside el magistrado Arturo Beltrán, que Carrillo le pidió asesoramiento jurídico sobre dos cuestiones. La primera se refería al grado de vinculación de la Dirección General de Evaluación Técnica con la licitación del concurso de obra que había convocado el entonces director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escarnín, quien declaró ayer ante la Sala. La otra consulta se centraba en si era posible dictar la DIA en las circunstancias en las que se encontraba. La Fiscalía y la acusación partícular sostienen que en ese momento la DIA estaba cargada de anomalías.

La propia Dolores Carrillo, quien no asiste al juicio, declaró en las diligencias previas que entre junio de 1998 y marzo de 1999 mantuvo numerosas reuniones con Escartín y el ex presidente de la Conferencia hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho, quienes "le presionaron para aprobar rápidamente y sin restricciones el proyecto".

En este punto, el acusado sostuvo que "nadie" le trasmitió "la necesidad urgente de tramitar el recrecimiento" o "su prioridad sobre otros proyectos". Así, relató que "el Proyecto de Yesa fue declarado de interés general y el Ministerio de Medio Ambiente tenía competencia para tramitarlo, al igual que otras presas declaradas de interés general". También rechazó ante el tribunal haber recibido cualquier tipo de presiones por parte de Escartín o Sancho relativos a su informe.

ESTUDIOS SÍSMICOS

Durante la sesión de hoy compareció también el acusado José Luis Uceda, quien afronta un año de prisión, 16 años de inhabilitación y una multa de 2.400 euros por un delito de prevariación y otro de riesgo catastrófico. Según el fiscal, Uceda y Ángel Núñez, ambos ingenieros del Estado destinados a la Conferencia Hidrográfica del Ebro, no incorporaron en el trámite de información pública del proyecto un informe del Área de tecnología y Control de Estructuras que advertía de los riesgos sísmicos si se realizaba la obra.

Según Uceda, el citado informe no se incluye "al no estar en esas fechas redactado y no ser un requisito necesario para ser incorporado en la información pública". Además, afirmó que el proyecto inicial del recrecimiento del embalse se redactó en 1993 "con todas exigencias sísmicas que establecía la ley vigente", que incluía, entre otras cuestiones, cálculos de estabilidad de presas.

A continuación, el Ayuntamiento de Artieda emitió un informe con un total de 2.583 alegaciones relativas a los riesgos sísmicos, especialmente al peligro de deslizamientos de tierra. El acusado contestó en febrero de 1994 a las alegaciones, asegurando que se realizarían los pertinentes estudios de seguridad. Así, Uceda aseguró que en el nuevo pliego de asistencia técnica, donde se especifican los requisitos para el proyecto, incorporó los informes específicos.

IRREGULARIDADES

Según el escrito de calificación, los seis acusados, entre ellos tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente con el PP, tramitaron el citado proyecto vulnerando la ley en materia medioambiental por intereses privados. Además, la Fiscalía de Madrid sostiene que cometieron irregularidades en la adjudicación de las obras.

El ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho, y José Luis Uceda, funcionarios del Estado destinados entonces en la Confederación Hidrográfica del Ebro, comparecerá mañana ante el Tribunal. Se prevé que el próximo lunes declare la ex directora general de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo, quien actualmente se ausenta de la sala por enfermedad.