Yesa.-El ex alto cargo del PP Escartín niega haber actuado por intereses privados en la licitación de las obras

Rechaza también haber manipulado los informes técnicos para beneficiar a ACS, adjudicataria de la construcción del embalse MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín, acusado en el juicio contra los responsables del Proyecto de Yesa, negó hoy ante el tribunal haber actuado por intereses privados en la licitación de las obras para recrecer el citado embalse, ubicado entre Navarra y Aragón, sino que se limitó a "cumplir las órdenes de la Secretaría Técnica del Ministerio de Medio Ambiente", emanadas del Consejo de Ministros.

Escartín se enfrenta a la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía de Madrid, quien solicita para él 1 año de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros por los delitos de prevaricación, riesgo catastrófico y tráfico de influencias. La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza), solicita que se le condene a 9 años de cárcel y a un total de 26 años de inhabilitación por un delito de riesgo catastrófico, falsedad de documentos y prevaricación continuada.

El fiscal Emilio Valerio mantiene en su escrito de calificación, entre otras acusaciones, que Escartín presionó junto con el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomas Sancho, a la entonces directora general de Evaluación Técnica, Dolores Carrillo, para que diera luz verde al proyecto de obras.

Ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, el ex alto cargo popular rechazó, igualmente, haber presionado a Carrillo para dar su autorización ambiental pese a que carecía del preceptivo informe de impacto ambiental. En este sentido, el imputado alegó que en las reuniones mantenidas entre junio de 1998 y marzo de 1999 con Carrillo "sólo hubo conversaciones para desbloquear la Declaración de Impacto Ambiental --entonces incompleta-- con el fin de que el proyecto de recrecimiento saliera adelante".

En su comparecencia, Escartín insistió en que el proyecto de construcción del embalse --aprobado en 2000-- contaba con todos los estudios sísmicos y de seguridad de presas tal y como establecía la normativa en materia medioambiental. "El concurso de proyecto de obra que yo licité especificó como requisitos un plan de emergencia y estudios sísmicos, puesto que la normativa lo exigía", aseveró el procesado, quien precisó que conocía la legislación medioambiental, aunque "no en profundidad".

INCORPORACIÓN A ACS

Una de las acusaciones que pesan sobre Escartín, según el fiscal, se refieren a la manipulación de los informes técnicos del proyecto para beneficiar a la constructora ACS, quien finalmente resultó la empresa adjudicataria de la construcción del embalse. En mayo del 2000, Escartín renunció a su cargo como director general de Obras Hidráulicas, al no encontrarse cómodo con su nuevo equipo, según relató, y en agosto se incorporó a la empresa ACS como Director de Contratación II, un puesto que se creó específicamente para él.

El acusado consideró "falsas" estas imputaciones, puesto que la Mesa de Contratación fue la encargada de adjudicar las obras en junio de ese mismo año, fecha en la que ya no se encontraba trabajando para la Dirección de Obras Hidráulicas. Así, explicó que "el servicio técnico realizó las propuesta de las mejores ofertas y la Mesa de Contratación decidió por unanimidad adjudicar la construcción a la Unión Técnica de Empresas" encabezada por ACS frente a su directa competidora OHL.

El escrito del fiscal recoge una denuncia efectuada por el presidente de OHL, Juan Manuel Villar, a la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en la que denunciaba irregularidades en el concurso del proyecto. La misiva, que fue remitida a Escartín, decía que el proyecto de la UTE para ser adjudicataria había sido redactado por la consultora privada Euroestudios, quien participó en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato. De esta manera, Villar pone de manifiesto la vinculación entre Euroestudios y ACS.

A preguntas del fiscal sobre esta carta, Escartín negó haber dado carpetazo a esta denuncia y explicó que "al no tener ningún fundamento no se investigó". Además, se limitó a decir que "Euroestudios no era licitadora porque ya había participado en los informes. Las licitadoras eran las constructoras. Todo lo que planteaba esa carta era falso y no tenía sentido."

IRREGULARIDADES

Según el escrito de calificación del fiscal, los seis acusados, entre ellos tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente con el PP, tramitaron el citado proyecto vulnerando la ley en materia medioambiental por intereses privados. Además, la Fiscalía de Madrid sostiene que cometieron irregularidades en la adjudicación de las obras.

El ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho, comparecerá mañana ante el Tribunal. Se prevé que esta semana declaren el resto de los acusados: María Dolores Carrillo Dorado, ex directora general de Evaluación Ambiental; José Luis Uceda y Angel Núñez Maestro de Caminos, funcionarios del Estado destinados entonces en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y Carlos Vázquez Cobos, ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente.

Por su parte, el alcalde de Artieda, Luis Solana, quien estuvo presente en la sesión de hoy junto con más de una treintena de vecinos de esta localidad, confió en que del juicio salga una sentencia condenatoria que obligue a paralizar el recrecimiento del embalse de Yesa, puesto que "puede tener graves consecuencias medioambientales" sobre las poblaciones cercanas.