Absuelto por detener a un familiar de los dos jóvenes asesinados en Valtierra tras una operación de compraventa de droga

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona ha absuelto a la persona que fue acusada de retener ilegalmente a un familiar de los dos jóvenes asesinados en 2002 en Valtierra por una operación de compraventa de droga.

En septiembre de 2003, dos personas acudieron al domicilio de la víctima con objeto de sacarle información sobre el lugar en el que se los fallecidos guardaban el dinero.

El juez estima que las pruebas practicadas contra un presunto autor en el acto del juicio, celebrado en octubre, "no son suficientes" y "no se desprende con la certeza" exigida que fuera el acusado una de las dos personas que protagonizaron los hechos. Así, absuelve a F.M.G. de los delitos de allanamiento de morada, detención ilegal y robo con intimidación. Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación.

Según la sentencia, el 6 de septiembre de 2003, una persona no identificada se dirigió, caracterizado de operario y en compañía de otro individuo, a un domicilio de Valtierra y consiguió que la víctima le abriera la puerta.

Tras apuntarle con un arma, le ató las manos con cinta adhesiva y le vendó los ojos, mientras le decía "que sus hermanos -haciendo referencia a Pablo Castillejo y a Luis Pérez- tenían un plan organizado y que se quedaron con mucho dinero, que le dijera donde estaba la pasta, que la tenía que tener él, que si estaba en una olla o enterrada y que si no se lo decía le tendría que matar". La víctima respondió que no tenía más dinero que el que llevaba en la cartera y que lo cogiera, pero el autor le propinaba continuas descargas eléctricas con un aparato sobre su brazo, al tiempo que la casa era registrada.

La víctima aprovechó que los asaltantes subían al piso de arriba para desatarse y escapar y solicitar auxilio a un vecino. Los hechos duraron una media hora.

La juez destaca que corresponde a quien ejercita la acusación probar la participación del acusado y aboga por valorar "con cautela" la prueba del reconocimiento. Así, señala que las únicas pruebas incriminatorias practicadas fueron las declaraciones de la propia víctima y de un testigo protegido. El primero señaló en el juicio que, en una escala del 1 al 10, tenía una seguridad 7-8 de que el acusado era su agresor y el testigo protegido trasladó que "no tenía la certeza absoluta".

Por el contrario, el acusado negó "en todo momento haber intervenido en los hechos objeto de acusación, mostrando en el juicio oral firmeza, convicción y seguridad en dicha negativa, coincidente con lo mantenido durante la instrucción de las actuaciones". Además, pese a que se extrajeron muestras de ADN y se encontraron huellas dactilares, ninguna se corresponde con la del acusado.