PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Aralar, Eusko Alkartasuna y la Fundación Euskara Kultur Elkargoa emitieron sendos comunicados para mostrar su "total desacuerdo" con la resolución del consejero Francisco Iribarren que vuelve a conceder las licencias de FM a la Universidad de Navarra, empresa "no comercial" y que "no tiene empleados", y a la empresa "en quiebra" Net 21.
Las tres organizaciones opinaron que tras estas adjudicaciones se esconde el "clientelismo" y criticaron que el euskera "es de nuevo arrinconado al limbo de la alegalidad jurídica".
Para Aralar, la resolución pretende "esquivar" la sentencia del TSJN, ya que, según expone, el Gobierno presenta una valoración coincidente con la que "había sido irregularmente falseada por el señor Sanz Barea". Al respecto, Aralar indicó que Iribarren contrató "a dedo" a una asesoría, Doxa, que había trabajado para la Universidad de Navarra y para el Gobierno foral. Para el partido, Doxa es una "asesoría domesticada", un "ropaje pseudotécnico", para "burlar" la decisión judicial.
Para el grupo, Iribarren se ha puesto a la altura del "reprobado en dos ocasiones", en referencia al ex consejero Palacios. "La desvergüenza de Iribarren en este tema pone de manifiesto una vez más la corrupción estructural sustentada en el clientelismo como heredero del caciquismo con que gobiernan UPN y CDN", valoraron. Para Aralar, lo sucedido es un "ataque a la ciudadanía navarra".
Por su parte, desde EA también se indicó que la adjudicación se ha basado "en un informe manipulado de principio a fin y un segundo proceso lleno de irregularidades y falsedades". "El secretismo y la mentira han estado a la orden del día", comentó. No obstante, para EA, las "triquiñuelas de poco le han servido al Gobierno de Navarra, porque a nadie se le escapan ya las falsedades de este proceso y el interés desmedido que UPN tiene en no dar una licencia de FM a una emisora euskaldun".
Ante estos hechos, EA quiere que el Gobierno responda en el pleno por qué se ha firmado en septiembre la resolución y si el consejero asume todas las conclusiones del informe de Doxa.
Finalmente, Euskara Kultur Elkargoa lamentó que el Gobierno esté "perdiendo una oportunidad de oro para rectificar la nefasta política en materia de medios de comunicación y promoción del vascuence".
Recordó que el Consejo de Europa recomenzó al Gobierno foral la promoción del euskera en los programas de radio y televisión y también se preguntó cómo es posible que vuelva a recaer la adjudicación en una concesionaria que cerró su emisora. Contrapuso la "profesionalidad, capacidad de continuidad, solvencia económica" de Euskalerria Irratia y criticó que el euskera "es de nuevo arrinconado al limbo de la alegalidad jurídica".
"Con esta decisión, el necesario tratamiento preferente que la legislación vigente reconoce para el euskera en esta Comunidad Foral, es ignorado por el Gobierno de Navarra", valoró, para acto seguido criticar que un "gobierno que debiera ser de todos" persista en "negar a los vascoparlantes de la comarca de Pamplona la posibilidad de tener una radio en euskara tras 25 años de reconocer que el euskara es lengua propia de Navarra".