Aralar presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que analice "irregularidades" en el Canal de Navarra

PAMPLONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aralar ha presentado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo una denuncia y un informe jurídico para que analice e investigue las supuestas "irregularidades" en el proceso de adjudicación de las obras del tramo III del Canal de Navarra. Según la formación, la obra, adjudicada por 46 millones de euros, se liquidó en 58 millones, por lo que "hay una falta de justificación de entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas", una desviación que calificó de "muchísima gravedad"

Esta formación, además, ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Navarra de Álvaro Miranda, consejero de Obras Públicas y miembro de la comisión ejecutiva de CANASA, empresa adjudicataria de las obras; y del consejero de Medio Ambiente, José Andrés Burguete, para que dé cuenta del procedimiento medioambiental llevado a cabo en este tramo del Canal, de las consecuencias en la fauna y del impacto visual. Asimismo, ha solicitado una interpelación del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, para que explique en pleno la política de grandes infraestructuras de regadío que está desarrollando UPN en Navarra.

Según explicó en rueda de prensa el coordinador general de Aralar en Navarra, Txentxo Jiménez, en mayo de 2003 se autorizó el cambio proyecto de obras del tramo III del Canal, y se le adjudicó a una UTE de Navarra formada por ACS, Harinsa y Navasfalt por un precio de 46 millones de euros, "a pesar de que había cuatro ofertas mejores, con mejor precio y mejor plazo de ejecución". En Harinsa y Navasfalt "está el hermano y el primo se Miguel Sanz y Emilio Izquierdo", apuntó.

Este tramo, entre Monreal y Tiebas, se licitó en las mismas condiciones técnicas que los tramos I y II, con una altura de 4,90 metros y una anchura de 18,70 metros "y, sin embargo, la altura de este tramo se ha quedado en 3,70 metros y la anchura en 15,6 metros, es decir, se disminuye el volumen de obra en más de un 25 por ciento, y se sustituye por un muro de hormigón para salvar la altura", aseveró.

Así, denunció que la liquidación de obra supone "un incremento de un 20 por ciento respecto al precio de adjudicación", esto es, no se disminuyó el costo por una menor obra, "sino que se liquida en 58 millones de euros, lo que supone una falta de justificación de entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas, ya que se ha pagado y no están justificados".

Txentxo Jiménez destacó que dentro del Consejo de Administración de CANASA, financiada en un 60 por ciento por el Estado y un 40 por ciento por Navarra, se encuentran Tomás Sancho y Miguel Zoco, "que en estos momentos están siendo juzgados por el recrecimiento de Yesa".

Así, calificó el tema como "de muchísima gravedad, no sólo económica, sino también en cuanto a la justificación del proceso de adjudicación, sobre las consecuencias técnicas y medioambientales". En su opinión, el Canal de Navarra "es una obra que nació podrida, y los gusanos se la están comiendo entera".

Aralar está redactando además una querella, que presentarán durante esta semana a la Fiscalía Medioambiental de Madrid, para que se analicen las consecuencias y el procedimiento llevado a cabo en cuanto a impacto medioambiental en este tramo del Canal.

CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

Jiménez se refirió también a las consecuencias medioambientales que han supuesto las obras de este tramo, y criticó que con el cambio técnico realizado con este muro de 10 kilómetros de longitud "debería haberse sometido de nuevo a estudio de impacto ambiental", ya que "se ha convertido en una trampa mortal para muchos animales, como los jabalís".

Además, lamentó que con esta alternativa "se han eliminado prácticamente todos los pasos de fauna que tendría que haber en el Canal". En su opinión, este muro de hormigón "es visible desde cualquier punto de la Comarca de Pamplona, porque es imposible taparlo".

Finalmente, señaló que ante la adjudicación de los tramos IV y siguientes, con un presupuesto de 72 millones de euros, Aralar "necesita saber con qué pliego de condiciones técnicas se licitó y qué obra se está ejecutando", ya que, "también en este caso, en el proceso de adjudicación, si se han cometido supuestas irregularidades".