PAMPLONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Larraga, Jesús María Suescún, afirmó hoy en el parlamento de Navarra que el Ayuntamiento cumplió "estrictamente con la legalidad vigente" durante la celebración del XIX Cross de Reyes, el pasado 8 de enero, en el que falleció el atleta de Barañáin Roberto Ezpeleta.
El alcalde denunció durante su comparecencia ante la comisión de Administración Local del Parlamento la "excesiva tardanza" de la ambulancia medicalizada en llegar al lugar de los hechos, 45 minutos, frente a los 25 que se estiman entre el trayecto Pampona-Larraga.
El pasado 6 de febrero el Gobierno de Navarra abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de Larraga por omisión de las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente en caso de espectáculos públicos, por considerar que el consistorio no contrató una ambulancia y un médico.
Sin embargo, la representación municipal sostuvo que sí contrató la ambulancia, como exige la ley (aunque no era medicalizada), y que el atleta fue atendido "desde el primer minuto" por un médico. El alcalde sostuvo que el evento se organizó al igual que en las 18 ediciones anteriores, en las que no hubo ningún expediente sancionador. Además, Suescún lamentó que tuvieron conocimiento del expediente a través de los medios de comunicación.
Jesús María Suescún (Independientes por Larraga) compareció acompañado del concejal socialista Alfredo Morales, quien afirmó que las actuaciones del Gobierno "han hecho mucho daño en el pueblo y esperamos que ese daño se pueda reparar". La representación del ayuntamiento acudió al parlamento a petición de los grupos del PSN e IUN, quienes deseaban conocer cuál fue el proceder del Ayuntamiento en el momento en el que se produjo el suceso.
El concejal Alfredo Morales, testigo presencial del suceso, relató que un médico y una ambulancia asistieron al atleta "desde el primer minuto" en que se desplomó al suelo y aseguró también que desde ese instante se solicitó la presencia de una ambulancia medicalizada.
El vehículo llegó pasados 45 minutos del aviso, y según denunció Alfredo Morales, pese a las solicitudes de información al Gobierno de Navarra, todavía no han recibido explicaciones sobre la tardanza en la llegada de la ambulancia.
Además, Alfredo Morales recordó que el Ayuntamiento reivindica "desde hace años la guardia presencial en el centro de salud de la localidad". "Vi al hombre tendido en el suelo y el centro de salud enfrente, cerrado, y eso fue para mí una gran impotencia", manifestó.
Sobre las críticas del Gobierno de Navarra de que la ambulancia tuviera "carencias", el concejal denunció que "es el Gobierno quien concede las licencias" y se preguntó si la Policía Foral, que se encontraba dirigiendo el cross, "estuvo participando en un acto ilegal".
LOS GRUPOS
El parlamentario del PSN José Luis Izco respaldó a la representación del Ayuntamiento de Larraga y criticó al Gobierno foral por su actuación en este caso. Según Izco, "no cabe mayor falta de respeto a una institución que abrir un expediente sancionador y no informarle".
El parlamentario socialista sostuvo que "la reacción del Gobierno procede está provocado por el miedo, cuando debería haber actuado con toda normalidad". "La mejor forma de no dar explicaciones es decir que el culpable es otro".
Así, Izco señaló que "el Gobierno de Navarra no es responsable del accidente ni del desenlace del suceso, pero sí hubo fallos, porque los medios podrían haber llegado antes".
En esta línea, el parlamentario de IUN Miguel Izu llamó la atención sobre los 45 minutos que tardó la ambulancia en llegar al lugar de los hechos, tiempo que "parece excesivo".
Por su parte, el parlamentario de UPN Luis Valero no consideró oportunas las menciones que hicieron los representantes municipales a sus reivindicaciones sobre la guardia presencial, y consideró que debían desligarse de los sucesos del 8 de enero.
Además, Valero transmitió que "UPN no ha actuado por motivos políticos en este caso", en referencia a la alusión hecho por Alfredo Morales en el sentido de que los regionalistas no estaban representados en el Ayuntamiento de Larraga.
Los grupos de EA, PNV y Aralar coincidieron en plantear por qué en ninguno de los 19 años de historia del cross el Gobierno de Navarra abrió expedientes sancionadores si realmente el evento deportivo no se organizó conforme a la legalidad vigente.