Burguete afirma que el Ayuntamiento de Orkoien adjudicó al menos dos VPO "a dedo" y cree justificada una sanción

PAMPLONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete, afirmó hoy que su departamento ha constatado que el Ayuntamiento de Orkoien adjudicó "a dedo" al menos dos viviendas de protección oficial, un hecho que, según afirmó, "justifica la inmediata apertura del procedimiento sancionador" contra el alcalde, Casimiro Larrea, de Izquierda Unida.

José Andrés Burguete informó al Parlamento de Navarra de que la sociedad Iturgain, empresa municipal del Ayuntamiento que preside el alcalde, adjudicó dos viviendas de VPO a personas que habían presentado su solicitud fuera de plazo en detrimento de otras que lo hicieron, de acuerdo con las bases de la adjudicación, dentro del plazo y que tendrían "mejor derecho" que los que finalmente resultaron adjudicatarios.

El consejero explicó que el alcalde trató de defender esta actuación ante el departamento alegando que las solicitudes de todas las personas que habían presentado la documentación en plazo habían sido eliminadas una vez se adjudicó la promoción de 216 VPO, y fue más tarde cuando dos titulares renunciaron a sus pisos, por lo que hubo que adjudicar a quienes solicitaron entonces la vivienda, fuera de plazo.

Burguete afirmó hoy en comisión parlamentaria que "no es legal ni constitucional que se adjudiquen por una Administración pública al menos dos viviendas a solicitantes cuya documentación fue entregada fuera de plazo tras eliminar la documentación de los que sí la entregaron en plazo".

Además, advirtió de que, al haber sido destruida la información no se podrá determinar si hubo más adjudicaciones "a dedo" en Orkoien, pero recordó que el alcalde, en un pleno municipal, al cuestionar un miembro de la corporación si se habían adjudicado "tres viviendas a dedo", contestó: "No, dos, dos ahora, antes más, antes muchas más".

El consejero subrayó que "el falseamiento, la ocultación o la eliminación de la documentación requerida por el Gobierno, y la falta de colaboración con la Administración de la Comunidad Foral en la averiguación de los hechos, y la reconocida irregularidad en la adjudicación de viviendas protegidas, justifican la inmediata apertura del correspondiente procedimiento sancionador".

No obstante, Burguete no adelantó si efectivamente se abrirá ese expediente al alcalde y prefirió esperar a que el departamento cierre las diligencias previas que se abrieron en el mes de marzo.

Los hechos averiguados hasta el momento se resumen, según el consejero, en la "negativa injustificada del alcalde a facilitar comprobaciones de la Administración", falta grave sancionable con multa de 3.000 a 30.000 euros; y el "falseamiento de datos exigidos para acceder a viviendas protegidas", falta muy grave sancionable con multa de 30.000 a 300.000 euros.

El consejero apuntó que se podrá imponer como sanción la inhabilitación del alcalde, durante el plazo máximo de un año en las infracciones graves y de tres años en las muy graves para participar en promociones de vivienda sobre suelo público o en actuaciones de edificación.

Burguete explicó que estas son las conclusiones de una investigación que inició el departamento de Vivienda hace casi dos años, cuando hizo el primer requerimiento de información al Ayuntamiento de Orkoien para que explicara con qué criterios se estaban adjudicando las viviendas protegidas.

Desde entonces, el departamento ha hecho hasta ocho requerimientos de información al alcalde quien "negó" en repetidas ocasiones la información al Gobierno, hasta que el pasado 3 de mayo comunicó en un escrito que toda la documentación relativa a las personas que solicitaron vivienda había sido eliminada porque la promoción ya había sido adjudicada.

Tras la intervención de Burguete, los grupos de UPN, PSN, Aralar y CDN exigieron la dimisión del alcalde por las "irregularidades" cometidas en la adjudicación de viviendas, mientras que Eusko Alkartasuna y PNV lo consideraron prematuro.

El parlamentario de IUN Miguel Izu afirmó que "si fuera cierto todo lo que se dice del alcalde, la dimisión sería poco, porque debería estar en la cárcel", pero indicó que "quien tenga pruebas vaya al juzgado y a la fiscalía".

Miguel Izu afirmó que, "mientras no se demuestre lo contrario, Orkoien es un buen ejemplo de gestión en urbanismo" y argumentó que "todos los vecinos que han pedido vivienda protegida la han tenido y la población del pueblo ha aumentado en 300 personas".

Así, el parlamentario de IUN pidió que se espere al final de la investigación para establecer las conclusiones de este caso y lamentó que "se le ha condenado de antemano, en una campaña de desprestigio absoluto hacia la gestión en Orkoien".

Frente a este criterio, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, afirmó que "este alcalde no puede durar ni un minuto en su puesto" y consideró que Izquierda Unida "debe actuar, porque poner como ejemplo esta gestión en materia de urbanismo es una barbaridad".

En esta línea se pronunció la parlamentaria del PSN, Amanda Acedo, quien declaró que el caso de Orkoien "es un claro modelo de cómo no se deben hacer las cosas" y criticó que IUN consideré esta materia "como un ejemplo de transparencia y de adjudicación".

El parlamentario de Aralar Txentxo Jiménez también criticó al alcalde de Orkoien, y sugirió "de forma cariñosa, amistosa y con pena, que Izquierda Unida pida la dimisión del alcalde y que le aparte de la disciplina del partido".

El portavoz más crítico con el caso fue Carlos Pérez-Nievas, de CDN, quien consideró una "chapuza" la actuación del alcalde de Orkoien y se preguntó si Izquierda Unida "quiere que le aplaudamos después de que haya adjudicado dos viviendas a dedo".

"Si esto es lo que cabe esperar de un grupo que aspira a participar en un Gobierno la próxima legislatura, el papelón que le ha tocado a su portavoz es de órdago a la grande", añadió, y consideró que el 'caso Egüés' "no le llega ni a la suela de los zapatos al de Orkoien".

Además, consideró una "desfachatez" las alegaciones del alcalde sobre la eliminación de los documentos y consideró una "irresponsabilidad haber destruido esos papeles". "Es como si le decimos ahora a Hacienda que cuando acabe esta campaña lo elimine todo", afirmó.