Comptos avala la legalidad de los contratos de Acciona-Servinabar salvo los de las 62 viviendas en Erripagaña

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha mostrado este viernes su "opinión favorable de cumplimiento de legalidad" del proceso de licitación, adjudicación y ejecución de los contratos adjudicados a la UTE Acciona-Alegure sobre las obras del colegio de Arbizu, y a la UTE Acciona-Servinabar sobre la adecuación del Pabellón Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra y la construcción de 46 VPO en Erripagaña (Pamplona). La excepción es el referido a la construcción de 62 viviendas en Erripagaña (Egüés) en 2018, en el que se "observan deficiencias relativas a la ausencia de actas de la mesa de contratación y la existencia de causa de exclusión de dos ofertas".

El origen del informe está relacionado con la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la supuesta comisión de delitos de corrupción en el denominado 'caso Cerdán'.

Conocido el informe, a instancias de la presidenta de Navarra, María Chivite, el Parlamento pidió a la Cámara de Comptos una fiscalización sobre las obras adjudicadas a empresas señaladas por la UCO -si bien la UCO no mencionaba expresamente obras en Navarra-. En este trabajo del órgano fiscalizador no se incluyen las obras de los túneles de Belate, porque ya habían sido analizadas previamente por la Cámara de Comptos.

Respecto a la adecuación del Pabellón Arena, el contrato lo adjudicó el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. El anuncio de licitación, por un importe de 4,6 millones, se publicó el 17 de agosto, con un plazo de presentación de ofertas hasta el 4 de septiembre. La UTE Acciona-Servinabar fue la única licitadora. Se le adjudicó con una baja del 0,2%.

Apunta el informe que el importe del contrato se aumentó en 200.000 euros para hacer frente a peticiones de las federaciones deportivas. "Hemos verificado que los informes técnicos que soportan esta modificación son razonables y que dicha modificación se tramitó adecuadamente", señala el informe. El INDJ penalizó a la empresa con 78.000 euros por retraso en la ejecución de la obra.

Por su parte, las obras de rehabilitación interior del antiguo Archivo General de Navarra y jardines de acceso se licitaron en febrero de 2018. La licitación la realizó el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. El importe de licitación fue de 2,9 millones y se presentaron cuatro ofertas. La obra se adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar por 2,4 millones.

En marzo de 2019 la UTE pidió aumentar el plazo de ejecución y la suspensión temporal parcial de las obras, alegando imprevistos. La directora general de Presidencia y Gobierno Abierto denegó la petición, ante lo que la adjudicataria presentó un recurso de alzada. El Gobierno decidió que la UTE continuara con la obra mientras se resolvía el recurso que se estimó parcialmente. Ello implicó ampliar seis meses el plazo de ejecución. La obra costó 2,9 millones. La modificación del importe está basada en informes técnicos que el informe califica de "razonables".

Las obras del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Arbizu se licitaron en mayo de 2018 por un importe de 3,5 millones. Se presentaron cinco ofertas y el Departamento de Educación adjudicó la obra a la UTE Acciona-Alegure por 3,2 millones.

La obra comenzó en agosto de 2018, aunque en los siguientes meses apenas se avanzó en su ejecución. En marzo de 2019, la UTE pidió resolver el contrato o, en su caso, ampliar el plazo de ejecución y el abono de sobrecostes que alegaba haber tenido. El Departamento de Educación aceptó aumentar el plazo de ejecución en dos meses y la UTE interpuso recurso administrativo solicitando más plazo y el incremento del importe del contrato. El Departamento estimó parcialmente el recurso, aumentando dicho importe en 85.000 euros y manteniendo la ampliación del plazo en dos meses.

La ejecución de la obra se retrasó algo más de dos meses, por lo que el departamento le impuso una penalización de 18.000 euros. La obra tuvo un coste final de 3,3 millones.

La licitación de 62 VPO en Erripañaga (Egüés) es de septiembre de 2018 y la gestionó la sociedad pública Nasuvinsa. Se presentaron tres ofertas y la empresa adjudicataria fue la UTE Acciona-Servinabar, por un importe de 6,8 millones.

El informe señala que "no consta ningún acta de la mesa de contratación que acredite su constitución, actuaciones ni decisiones". "Solo hemos tenido acceso a determinada documentación intercambiada entre personas, con propuestas de valoraciones técnicas y económicas, sin fecha ni firma", recoge el informe.

Por otra parte, según los pliegos las empresas licitadoras no podían incluir información sobre el plazo de ejecución en el sobre relativo a criterios cualitativos. Dos de las tres empresas, una de ellas la adjudicataria, "incluyeron dicha información e incurrieron en causa de exclusión".

En cuanto a la ejecución del contrato, el precio de la obra se aumentó en algo más de 900.000 euros. La Cámara de Comptos ha verificado que los informes técnicos que justifican la modificación son "razonables". La obra se retrasó dos meses y medio debido a la pandemia de la Covid-19, por lo que no se impuso penalización.

Por otro lado, en enero de 2023 Nasuvinsa adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar la construcción de 46 VPO en Erripagaña, término de Pamplona. A la licitación se presentaron tres ofertas. El importe de licitación se fijó en 8,4 millones y se adjudicó en 7,8 millones. El precio final fue de 8,3 millones. Consta "un informe técnico que justifica aumentar en 530.000 euros el contrato".

La UTE está "pendiente de justificar la contratación de dos personas de acuerdo a criterios sociales establecidos en el pliego". Además, Nasuvinsa "está analizando si el retraso en la ejecución de la obra está justificado". Por estos dos motivos, la UTE "podría tener que hacer frente a penalizaciones".

PARTICIPACIONES EN LAS UTES Y CUENTAS DE SERVINABAR

El informe también ha analizado las participaciones de las empresas que conforman la UTE en estas obras. En este sentido, apunta dos modificaciones. En el caso de la construcción del colegio de Arbizu, el documento público de junio de 2018 señala que Acciona tiene un 75% de participación y Alegure un 25%. En octubre del mismo año, estos porcentajes se modificaron, pasando Acciona a tener el 99,99% de participación.

Respecto a las 62 VPO de Erripagaña (Egüés), en la documentación presentada en la oferta, de mayo de 2018, se asigna a Acciona el 80% del porcentaje de la UTE y a Servinabar el restante 20%. En febrero de 2019, estos porcentajes se modificaron, pasando Acciona a tener el 99,99% de participación.

Por último, el informe indica que las declaraciones del impuesto de sociedades de Servinabar reflejan su participación en las UTEs. Sin embargo, las cuentas que la empresa ha depositado en el Registro Mercantil "no incluyen los ingresos y gastos derivados de su participación en dichas UTEs".

RECOMENDACIONES

El informe incluye dos recomendaciones principales. Por un lado, definir mejor los criterios de adjudicación y puntuación en los pliegos de contratación; por otro, modificar la Ley Foral de Contratos Públicos en lo referido a uniones temporales de empresas, para "regular de manera más completa su funcionamiento y los efectos de las modificaciones en la composición de las mismas".