Rechaza que exista censura en las bibliotecas porque no se compren los diarios Gara y Berria
PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, ha resuelto que los fondos de las bibliotecas públicas municipales no están restringidos o limitados inadecuadamente, pues, actualmente, "el acceso a todo tipo de información presente y pasada se garantiza ampliamente por métodos electrónicos, incluso mucho mejor que mediante papel archivado".
Enériz ha respondido así a la queja formulada por la Asociación Navarra de Bibliotecas (ASNABI) en relación a la decisión de la concejal delegada de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona de no comprar en las bibliotecas públicas los diarios Gara y Berria, o aquellos cuyo título no se les indica explícitamente.
El Defensor señala que, "en la medida en que el acceso a la información pasada y presente de los periódicos Gara y Berria está garantizado electrónicamente a cualquier usuario de las bibliotecas municipales, tampoco cabe apreciar censura alguna de carácter ideológico".
La institución que dirige Francisco Javier Enériz añade que, a tenor de la legislación aplicable, la competencia para decidir qué publicaciones periódicas se adquieren con cargo a los presupuestos municipales para ofertarlas en las bibliotecas corresponde a los órganos competentes de las respectivas entidades locales (Alcaldía, Junta de Gobierno, concejal delegado, etc.), y no al personal técnico bibliotecario.
Así ha de interpretarse, según el Defensor, el apartado 9 de la cláusula sexta del convenio por el que el Ayuntamiento de Pamplona se obliga a consignar anualmente una partida presupuestaria para la compra, por el personal bibliotecario, de documentos y publicaciones periódicas.
Según el Defensor del Pueblo, esta cláusula atribuye a los bibliotecarios la función de la adquisición material de las publicaciones periódicas, no la capacidad o competencia para decidir la política de compra de publicaciones, que necesariamente ha de quedar residenciada en el órgano municipal con capacidad de disposición de gasto y de contratación pública.
La queja presentada por Asnabi relataba que el director del Servicio de Bibliotecas del departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra ordenó acatar las órdenes de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona por considerar que la ejecución de los presupuestos municipales corresponde en exclusiva al órgano de la entidad local, no estando facultada la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para intervenir en estas decisiones por afectar a competencias municipales.
La Asociación Navarra de Bibliotecarios consideró que el proceder de la concejalía atentaba contra su independencia profesional, la libertad, igualdad y neutralidad a la que debe aspirar un servicio público de información.
Por ello, solicitaron el respeto al trabajo de los profesionales de la biblioteca, así como el reconocimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos a la información y al conocimiento.
INFORME DEL GOBIERNO
Un informe del departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, remitido al Defensor el 7 de mayo de 2009, concluía que corresponde a las entidades locales la competencia de la prestación del servicio público bibliotecario, la ejecución de los respectivos presupuestos y la realización de los contratos públicos con cargo a los mismos.
Asimismo, dicho informe recordaba que la Ley Foral de Contratos Públicos determina los órganos competentes para la celebración de los contratos, no correspondiendo hacerlo al personal adscrito a las bibliotecas públicas.
Añadía que las circunstancias que provocan la actual coyuntura de crisis económica obligan a las Administraciones Públicas a contener o reducir el gasto corriente y que, a través del servicio telemático que ofrecen todas las bibliotecas de Pamplona, cualquier persona puede acceder, a través de internet, a la información de los periódicos Gara y Berria, así como a cualquier otra publicación presente en la Red.
El informe del Ayuntamiento de Pamplona afirmaba que la competencia para decidir la adquisición de publicaciones corresponde a la concejal delegada de Cultura y Turismo, y que la limitación impuesta para la adquisición de periódicos se sustenta en criterios objetivos.
En su análisis, el Defensor del Pueblo indica que las bibliotecas públicas son responsabilidad de la Administración local. Y añade que las competencias municipales en materia de bibliotecas se ejercerán con la colaboración del Gobierno de Navarra, de acuerdo con los principios de coordinación, eficacia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
Las bibliotecas de Pamplona, desde el 1 de octubre de 2004, merced a un Convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la gestión de dichas bibliotecas públicas, forman parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.
