PAMPLONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Euskara Kultur Elkargoa consideró hoy que el Gobierno de Navarra "tiene que cambiar su política lingüística" después de que el Tribunal Supremo haya anulado un decreto foral sobre el uso del euskera en las administraciones públicas y exigió, en concreto, que el Ejecutivo haga una "interpretación más amplia y magnánima" de la ley del vascuence para favorecer al euskera.
Según la Fundación Euskara Kultur Elkargoa, que había recurrido a la vía judicial para actuar contra el citado decreto, "hasta ahora se han cometido auténticos disparates como considerar que implantar el modelo D en una escuela pública de la zona no vascófona estaba prohibido porque la ley dice que el estudio del euskera responde al principio de voluntariedad".
Criticaron, en cambio, que "desde hace años funciona en Tudela un modelo de inmersión en inglés en la escuela pública con la misma legislación con la que se argumenta que no se puede poner en marcha el modelo D".
EKE ofreció estas consideraciones en una rueda de prensa en la que comparecieron el presidente de la Fundación, Koldo Martínez, y el vicepresidente, Estebe Petrizan, quienes consideraron que el Gobierno de Navarra "suspende por goleada en política lingüística ante los tribunales y las instituciones".
Koldo Martínez pidió al Gobierno que corrija esta situación y planteó que, para ello, ni si quiera sería primordial reformar la legislación sino hacer una lectura "más amplia" de la ley del vascuence. "El propio Consejo de Europa ha dicho que no es necesario extender la cooficialidad del euskera a todo el territorio, sino simplemente hacer otra interpretación de la ley", indicó.
Koldo Martínez explicó que el propio Tribunal Supremo recoge en su sentencia que "el uso del vascuence en Navarra no es baladí, sino que afecta de manera importante a la sociedad navarra", y denunció que después de "haber ofrecido los brazos abiertos al Gobierno para trabajar conjuntamente, nos hemos visto obligados a recurrir a los tribunales por su juego sucio".
El presidente de EKE lamentó también que el camino judicial reportará un coste al Gobierno, por cuanto tendrá que pagar hasta 4.000 euros por los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo, a lo que se añadirá "el gasto para cambiar la cartelería de la Autovía del Camino para rotular en bilingüe". "Un tercio de la población que vive alrededor de esa vía entre Zizur Mayor y Puente la Reina estudia en el modelo D", explicaron.
Koldo Martínez mostró una "alegría impúdica" por el resultado judicial, aunque a la vez se declaró "triste por el hecho de que un grupo de ciudadanos haya tenido que recurrir a la justicia para que su gobierno garantice el cumplimiento de los derechos lingüísticos".
Por otra parte, el presidente de EKE recalcó que en el proceso judicial "se ha demostrado la legitimidad de EKE para actuar en defensa de los derechos, tal y como han reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo". "El único que no nos reconoce esta legitimidad es el Gobierno", lamentó.
