Publicado 12/09/2020 17:05:03 +02:00CET

Una experta advierte de que la renta mínima "cobrará más importancia en el futuro" por el auge de trabajadores precarios

La socióloga belga Bea Cantillon
La socióloga belga Bea Cantillon - UPNA

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) durante esta semana reúne de manera online a una veintena de especialistas (políticos e investigadores) en un curso de verano titulado 'La garantía de unos ingresos decentes para todas y todos', en el que se debate sobre las prestaciones económicas públicas orientadas a evitar la carencia de ingresos en las familias sin recursos, desde una triple perspectiva: europea, española y navarra.

Entre las personas participantes destaca la socióloga belga Bea Cantillon, profesora de Política Social de la Universidad de Amberes, quien ha advertido de que "la asistencia social y la protección mediante renta mínima cobrarán aún más importancia en el futuro como consecuencia del creciente número de trabajadores de plataformas de comercio electrónico, de autónomos y de trabajadores 'flexibles'; es decir, de un número creciente de personas que no gozan de la protección adecuada de los sistemas de Seguridad Social". "Por eso, todos los países de la Unión Europea deberían situar las rentas mínimas y la protección mediante estas rentas mínimas en lo más alto de las agendas sociales", ha afirmado.

Esta experta, asesora del gobierno belga en cuestiones como la Seguridad Social y la reforma del sistema de pensiones, ha definido la renta mínima como "un estabilizador automático social y económico, como se ha visto durante esta pandemia". "Por esta razón, invertir en estos regímenes, haciéndolos más adecuados y accesibles, debería ser una prioridad, puesto que, en el pasado, hemos aprendido que las estrategias de empleo e inversión social son importantes, pero no suficientes, para reducir la pobreza. De hecho, durante las últimas décadas, los niveles de empleo han aumentado, pero la pobreza también ha crecido", ha señalado Bea Cantillon en el curso de verano, organizado por el grupo de investigación ALTER de la UPNA, bajo la dirección del profesor Miguel Laparra Navarro, y financiado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

El curso ha puesto el foco en España de la mano de Nacho Álvarez Peralta, secretario de Estado de Derechos Sociales, quien ha definido la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como "un cambio histórico". "Desde este mes de junio, tenemos reconocido formalmente en España un nuevo derecho social. El Estado garantiza en todo el territorio nacional un suelo de ingresos a todos los hogares, de tal forma que la población española está protegida como nunca lo había estado frente a situaciones de pérdida repentina de sus ingresos, o frente a problemas estructurales de exclusión social", ha indicado.

A su juicio, el IMV contribuye a "paliar uno de los problemas más conocidos de nuestro sistema de protección social: la excesiva dependencia de las contribuciones previas a la Seguridad Social". "Las prestaciones contributivas, como las pensiones o el seguro de desempleo, ayudan fundamentalmente a quienes tienen una posición relativamente estable en el mercado de trabajo. Sin embargo, apenas alcanzan a cubrir a quienes no pueden integrarse laboralmente o a quienes lo hacen de forma precaria", ha apuntado Nacho Álvarez.

"Como consecuencia, el gasto social acaba concentrándose en los hogares de ingresos medios, y no llega a los de bajos ingresos. No en vano, los datos nos muestran que en España solamente un 10% de las transferencias sociales llega al 20% más pobre de la población. Por el contrario, el IMV es una prestación no contributiva, y tanto el derecho a percibirla como su importe dependen únicamente de los ingresos actuales que tenga cada hogar, por lo que se focaliza completamente en quien más lo necesita. Como además se financia con los ingresos fiscales provenientes del conjunto de la población, se convierte en la medida de política social más redistributiva de cuantas existen en España", ha valorado.

INCREMENTO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN NAVARRA

El curso de verano también ha contado con la participación de M.ª Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, quien ha subrayado que, tras cuatro años de entrada en vigor de la Renta Garantizada, la norma "ha hecho crecer la protección". "En Navarra se ha registrado un crecimiento de un 12% de unidades familiares beneficiaras entre 2017 y 2019, y se ha vuelto a incrementar estos últimos meses de crisis sanitaria y social: un 10% entre febrero y junio, cerca del que se produjo en los dos años anteriores, si bien en un contexto de crecimiento económico y del empleo", ha indicado.

Asimismo, la consejera ha destacado la mejora producida en la inserción laboral de las personas perceptoras de Renta Garantizada: un 23,4% en el crecimiento de personas perceptoras de la prestación que han logrado un contrato de trabajo a lo largo del año y un incremento de perceptores a quienes se le aplican los nuevos estímulos al empleo, por combinar la prestación y un trabajo, que ha pasado de 1.171 personas en 2017 a 4.178 en 2019.

Maeztu ha remarcado el papel de la Renta Garantizada en la reducción de la pobreza en Navarra. De hecho, ha destacado que "la mejora económica y del empleo, junto a la de la protección social, han vuelto a situar a Navarra como la comunidad con menor tasa de riesgo de pobreza (tasa AROPE) y la de menor riesgo de pobreza, con bajadas entre 2017 y 2019 del 13,5% al 11,7%, en el primer caso, y del 8,3% al 7,7%, en el segundo". "Sin duda, el trabajo de la sociedad civil y un buen sistema de protección social han sido claves para que en Navarra no hayamos visto las llamadas 'colas del hambre", ha añadido Maeztu, quien ha resaltado "el gran reto que va a suponer asumir la competencia de desarrollo del IMV en Navarra, y su integración en nuestro sistema de rentas mínimas".

LOS PROBLEMAS DEL MODELO ESPAÑOL

En la primera jornada del curso de verano, Manuel Aguilar Hendrickson, profesor de la Universidad de Barcelona, ha analizado algunas características del modelo español. "En los años 80 y 90, España desarrolló un nivel asistencial nada despreciable, a costa de rebajar la protección contributiva, por ejemplo, con la reforma de las pensiones de 1985, entre otras", ha resaltado.

"Su volumen de gasto es importante. Es cierto que presenta varios problemas importantes, que se han agravado con el tiempo, como una separación entre subsidio asistencial por desempleo y rentas mínimas, que responde a una distinción muy caduca entre parados sin ingresos y excluidos sociales; el peso principal del subsidio por desempleo, incompatible con el empleo, que deja sin proteger a los trabajadores pobres; la fragmentación del subsidio por desempleo en múltiples modalidades y programas, que dejan fuera toda una serie de situaciones de necesidad; un conjunto de rentas mínimas muy dispar, que va desde programas avanzados, como los de Navarra y el País Vasco, hasta programas muy reducidos en algunas comunidades; y unas prestaciones por hijo de cuantía muy escasa, que han sido suprimidas con la creación del IMV", ha planteado.

En opinión de este investigador, la introducción del IMV ha sido "una oportunidad desaprovechada para integrar rentas mínimas y subsidios por desempleo, como parecía desprenderse de las propuestas iniciales". "Con su diseño actual, se queda circunscrito al mismo espacio que las rentas mínimas autonómicas, lo que puede mejorar la insuficiente cobertura de las comunidades con rentas mínimas poco desarrolladas, pero no añade nada a aquellas con rentas mínimas amplias. Los próximos años deberían permitir una ampliación del IMV para abarcar a todas las personas que carezcan de ingresos mínimos razonables, con independencia de que estén trabajando, en desempleo o en situaciones personales complicadas que no les permitan trabajar", ha concluido.

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