El fiscal pide ocho años de inhabilitación para el alcalde de Orkoien por un delito de prevaricación

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha solicitado ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, al acusarle de un delito de prevariación en la adjudicación de dos viviendas de protección oficial.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que, "omitiendo no ya solo la legislación vigente, sino cualquier tipo de procedimiento administrativo al respecto que preservara los principios básicos de publicidad y concurrencia, con plena desigualdad para el resto de los ciudadanos que pudiesen estar interesados, se adjudicaron las dos viviendas vacantes" a dos personas que lo solicitaron mediante una carta al Ayuntamiento.

El origen de esta adjudicación se encuentra en una promoción de 216 viviendas protegidas que llevó a cabo en el año 2002 la sociedad urbanística municipal Iturgain, presidida por el alcalde de Orkoien, entonces de Izquierda Unida y ahora ya fuera de la militancia de esta coalición. Se presentaron 777 solicitudes dentro de un baremo determinado por el promotor, ya que entonces no estava vigente la ley foral que establecía un baremo único.

En noviembre de 2003 se aprobó la adjudicación de esas viviendas, pero hubo 76 adjudicatarios que renunciaron a la compra y se estableció un nuevo procedimiento de adjudicación para estas vacantes.

Tras las nuevas adjudicaciones, en noviembre de 2005, dos años después, existían dos viviendas libres, dado que una persona a la que inicialmente se le había adjudicado había fallecido y otra no podía hacer frente al pago.

Según el escrito del fiscal, "enterados de este hecho algunos vecinos, de forma particular, ya que no se publicitaron dichas vacantes para conocimiento general de los posibles interesados, remitieron carta al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de una de esas dos viviendas".

En concreto, se cita el caso de dos personas, empadronadas en Orkoien en 2004 y 2005, que no habían participado en el anterior proceso de selección y que finalmente resultaron adjudicatarias de las dos viviendas.

El fiscal relata que, "en la Junta General de Iturgain de 21 de noviembre de 2005, en la que estaba como presidente el acusado, queriendo dar una apariencia de legalidad, se acordó condicionar la entrega de esas dos viviendas, con las omisiones de principios básicos ya indicados, a que se estudiase por la gestora Iturgain si cumplían los requisitos".

No obstante, el fiscal señala que, "sin que conste que se hiciese informe al respecto por la gestora y en todo caso sin una nueva Junta que examinase lo supuestamente informado, se procedió por dicho acusado, personalmente, a comunicar a las administrativas de la gestora Iturgain que se les habían concedido las viviendas a esas dos personas y que tramitasen en consecuencia todo lo relativo a la entrega de las mismas a su favor".

Posteriormente, en enero de 2006, en el pleno municipal de Orkoien, "el alcalde y ahora acusado, ante diversas preguntas del concejal del grupo independiente reconoció que se habían adjudicado esas dos viviendas 'a dedo'".

Tras este hecho, el departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra solicitó a Iturgain la documentación relativa al baremo aplicado en la adjudicación, así como las solicitudes, documentos aportados por los solicitantes, puntuación dado a los adjudicatarios, entre otros.

Sin embargo, esta documentación no fue remitida alegando que había sido destruida con anterioridad. Así, el alcalde remitió al departamento "simplemente un listado de 778 solicitantes donde aparecen también los adjudicatarios, relativo a esas 216 viviendas y en el que se incluyen a las ya citadas adjudicatarias como que entregaron las solicitudes de viviendas en fecha 5 de noviembre de 2002".

No obstante, el fiscal destaca al respecto de dicho listado que "no se ha podido determinar ni el momento exacto de su realización, ni las personas en concreto que materialmente lo elaborar o por indicación de quén se realizó, y en todo caso se hizo con posterioridad a la adjudicación de las dos viviendas y, por tanto, sin que influyese en la asignación de las mismas". El fiscal solicita el sobreseimiento provisional del delito de falsedad documental por el que habían sido imputadas dos personas.