El Gobierno dice que plantear una moratoria en la renovación de los conciertos educativos "no es ajustado a derecho"

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que establecer una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos, como han solicitado algunos grupos parlamentarios -entre ellos sus socios de Geroa Bai-, "no es ajustado a derecho conforme al Decreto Foral 416/1992".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, en la que ha precisado que el Departamento de Educación ha realizado el informe jurídico para responder a las propuestas de varios grupos políticos de aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y ha señalado que el informe es "claro y rotundo". "Navarra está aplicando el marco legal vigente", ha afirmado, para pedir a los grupos "seriedad" con "rigor a la norma".

Según ha dicho, "cualquier Gobierno se tiene que ceñir, sobre todo, al cumplimiento estricto de la normativa y de su ámbito competencial". "Tenemos que actuar con la regla de derecho y con plena seguridad jurídica", ha comentado, para explicar que el Ejecutivo tiene dos ideas fundamentales: "El compromiso con la educación pública de calidad" y "la necesidad de planificar para adaptarnos a una realidad demográfica que fluctúa y que cambia". "Tenemos que conjugar lo que es la decisión política del Gobierno con el cumplimiento estricto de la normativa", ha defendido.

Remírez ha indicado que "moratoria como tal no existe en la normativa; lo que marca la normativa es una prórroga de un año en los casos en los que un centro concertado solicita un nuevo concierto y no se le puede prorrogar porque no tiene ninguna unidad dentro de ese concierto que aplique y tenga la demanda suficiente; es decir, cuando un centro educativo solicita un concierto, solicita un concierto con una serie de unidades dentro de ese concierto, y se puede otorgar o no ese concierto, se puede otorgar con todas las aulas que ha solicitado ese centro, o se puede otorgar ese concierto con todas las aulas salvo algunas, porque no cumplen la normativa".

Así, ha continuado que "lo que dice el decreto foral 416/1992 es que en el caso de que a un centro no se le haya concedido el concierto, es decir, ninguna de las aulas adscritas a ese concierto, sí se permite una prórroga de un año para que se puedan aclimatar a la situación que genera la inexistencia del concierto". "Pero en este caso no estamos en esta situación", ha afirmado.

PROPOSICIÓN DE LEY DE UPN

Sobre la proposición de ley foral de UPN que pretende evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados estableciendo una moratoria de un año para la aplicación de criterios de renovación de los conciertos educativos, Remírez ha señalado que es una "proposición de ley que estamos estudiando", si bien ha dicho que "vemos algunos datos iniciales con preocupación".

Según ha precisado, "es una proposición de ley que claramente va en la línea emprendida por el Partido Popular y Vox en otras Comunidades Autónomas, como es el caso de Madrid y Murcia, que trata de subordinar la enseñanza pública a la enseñanza concertada". "Obedece más a un criterio más empresarial que de defensa de interés público", ha dicho, para exponer que "la proposición plantea que se quede todo congelado durante un año". "Entonces nos preguntamos, ¿y después, dentro de un año, qué aplicamos; el criterio actual, otra moratoria nueva?", ha dicho, para afirmar que "el Departamento de Educación y cualquier Gobierno tienen que tener la capacidad de planificación y esa capacidad de planificación se basa en la decisión libre de las familias por decidir un modelo u otro, un programa u otro".

Ha señalado Remírez que "desde que este Decreto foral entró en vigor en el año 1992 se está aplicando de forma pacífica sin ningún cambio por ninguno de los gobiernos". Además, ha continuado, "esta proposición de ley crea una grave situación de inseguridad jurídica, porque plantea un cambio en la duración de los conciertos educativos y la duración de los conciertos educativos no se marca en la norma foral, se marca en la normativa estatal básica, en concreto, en la ley orgánica de Educación, que dice que los conciertos educativos tienen que tener una duración máxima de cuatro años, con una posibilidad de prórroga".

A su juicio, "estamos ante una proposición de ley que tiene graves fallos de técnica jurídica, que crea una situación de inseguridad jurídica para las familias, para los alumnos y para los centros educativos y que va a menoscabo de la educación pública, quitando la capacidad de planificación educativa a un Gobierno autonómico, al Gobierno de Navarra".