Irache recibe decenas de casos de centros de formación online que "no cumplen lo prometido"

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido en las últimas semanas a decenas de personas que habían contratado una formación online y que ven que la academia "no cumple lo prometido".

Algunos de ellos, según han informado desde Irache, "no dan las prácticas prometidas, ofrecen material obsoleto, suben el precio final o el título que ofrecen no es oficial, entre otros problemas".

La Asociación aconseja pedir todas las condiciones del contrato por escrito, asesorarse y estudiarlas detenidamente antes de aceptarlo.

Varias personas han acudido a Irache al encontrarse "muy molestas" porque entienden que las promesas de "prácticas garantizadas", "en las mejores empresas" o "inserción laboral" no se han cumplido.

En algunos casos, señalan que "tardan varios meses" tras acabar la parte teórica del curso en conseguir las prácticas. Otras veces en las prácticas "no ponen en práctica nada de lo aprendido en el curso".

En otros casos, para acceder a ciertas prácticas el consumidor "tiene que cumplir unos requisitos", como certificados académicos o cumplir tiempo en desempleo, a los que el consumidor "no puede acceder".

También sucede que el alumno "se presenta a las prácticas en un proceso selectivo en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que no lo ha realizado".

La publicidad de muchos de estos cursos "los asocia a conseguir un empleo y muchos ciudadanos que se inscriben creen que, si hacen el curso, el puesto de trabajo está garantizado". Sin embargo, el contrato "solo habla de un servicio de enseñanza".

Cuando el consumidor quiere echarse atrás, "ya ha firmado y no tiene documentos que demuestren que hubo tal estafa, ya que los contratos solo hablan de un servicio de formación".

TÍTULOS QUE "NO SIEMPRE VALEN"

Otra cuestión es el carácter oficial o no de los títulos obtenidos. En ocasiones en la publicidad se ofrece un título "reconocido" u "homologado". Sin embargo, "en ocasiones el alumno descubre posteriormente que no es un título oficial".

Esto "puede significar que una empresa privada puede contratar para un trabajo, pero que, por ejemplo, para acceder a un empleo público o unas oposiciones el curso no valga de nada".

Además, "buena parte de los problemas" de estos contratos de formación se originan en la "falta de información transparente". Algunas de estas academias "obligan a que el consumidor facilite sus datos, mediante un formulario u otra manera, antes de facilitarle las condiciones del curso, tales como metodología, precio final o materiales que facilita".

Otras veces "solo dan la información (algo a lo que están obligadas por ley) cuando el consumidor ha pagado ya la matrícula". Esto hace que en muchas ocasiones "lo que en su momento ofreció el comercial o la publicidad del curso no se corresponda con la realidad".

De esta forma, "no es extraño que verbalmente se dé a entender que es una formación presencial, de máxima calidad, con todas las garantías, con seguimiento y servicio de tutoría y que luego solo se trate de un material y el acceso a un campus online".

Puede pasar que las clases online diarias prometidas en las que podía interactuar con alumnos y profesores "sean en realidad la grabación de clases presenciales impartidas hace meses y que no ofrecen ninguna posibilidad de interacción".

"SIN CLARIDAD EN EL PRECIO"

La "falta de transparencia" es "especialmente grave" cuando se da en el precio del curso. Algunas de estas academias "van sumando conceptos, pero no informan con claridad del precio final que tendrá que pagar el consumidor".

Es habitual que, al tratarse a veces de miles de euros, se ofrezca una financiación para afrontar el pago. Sin embargo, la información que se da sobre esta forma de abono "no siempre es transparente e indica claramente los intereses o el importe final a pagar".

Cuando el consumidor "se da cuenta de que el curso contratado, y por el que ha podido pagar dos o tres mil euros, no es lo esperado, en muchas ocasiones ya no está a tiempo de echarse atrás".

Si el contrato lo firmó en su casa, contrató a través de internet o fuera de la academia, tiene catorce días para echarse atrás. Si ya se ha superado este plazo, puede que la empresa de formación diga que no hay incumplimiento y se niegue a devolver el dinero.

Si el consumidor decide simplemente no pagar los recibos de la financiación, puede que posteriormente la financiera se los reclame, quizá con intereses.

En cualquier caso, la empresa "tiene la obligación de informar sobre este derecho de desistimiento, siempre que se haya contratado por internet". Algunas empresas "hacen pagar una señal y, aunque el consumidor se eche atrás dentro del plazo de desistimiento, se quedan con este adelanto".

Otras señalan que, "independientemente de que no hayan transcurrido los catorce días desde el contrato, si el consumidor ya ha entrado en el portal y ha accedido a los servicios, no puede echarse atrás".

PARA RECLAMAR, DEBE DARSE UN INCUMPLIMIENTO

Lo habitual es que, "cuando el cliente se dé cuenta de que el curso no cumple las expectativas, ya sea tarde para desistir". En estos casos, "algunas empresas admiten la negociación para anular el contrato o rebajar el precio, pero no siempre es así".

Para poder reclamar, "tiene que darse algún incumplimiento de las condiciones que constan en el contrato o incluso en la publicidad del curso, condiciones que se han plasmado de forma muy medida por algunas de las empresas".

De esta forma, "no basta con que las promesas del comercial no se hayan cumplido, ya que no hay manera de demostrarlas". Si hay algún incumplimiento contractual, "se puede llegar a rebaja del precio, mejora de las condiciones o incluso anulación total del curso".

Por todo ello, antes de firmar la suscripción de cualquier formación, se recomienda "pedir toda la documentación por escrito, poder estudiarla detenidamente y, si es necesario, buscar asesoramiento".