El Parlamento de Navarra aprueba la ley para que las viviendas protegidas de alquiler no pierdan su calificación

Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra.
Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 25 junio 2026 12:56

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una modificación de la ley foral del Derecho a la Vivienda en Navarra para que las viviendas protegidas de alquiler mantengan su calificación de forma indefinida. La norma alcanza a 2.248 viviendas que perderían su protección.

La iniciativa legislativa ha sido presentada conjuntamente por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, que han sumado también el voto a favor de Geroa Bai, mientras que UPN y PPN han votado en contra (el parlamentario de Vox, de baja médica, no ha participado en el pleno). En la tribuna de invitados han asistido al debate personas que residen en viviendas protegidas de alquiler que iban a perder su calificación y que han aplaudido al conocer el resultado de la votación.

La norma elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva.

Esta previsión se completa con la extensión de la aplicación del régimen de protección indefinida a todas las VPO en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley, con independencia de cuándo hubieran sido calificadas.

La modificación aprobada incluye una enmienda de adición presentada por Geroa Bai en relación con los derechos de tanteo y retracto. Se ha agregado un nuevo párrafo dirigido a reservar a las Administraciones Públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos), descalificadas, situadas en zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y propiedad de una persona gran tenedora (cinco o más viviendas en dichas zonas), con el fin de destinarlas al alquiler social u otros fines de interés público.

Esta prioridad se restringe a los diez años siguientes a la fecha en que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se precisa, abarca "la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos".

En la defensa de esta reforma de la ley, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha afirmado que "la calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo, y sin embargo es lo que está pasando". En ese sentido ha señalado que "todas las viviendas protegidas que se construyeron en Navarra antes de 2022, más tarde o más temprano, van a perder su calificación de protegidas, y en el caso de las que se construyeron para alquiler, supone un drama para miles de familias". Por tanto, ha señalado que la ley busca dar "una solución definitiva" a estas familias.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha mostrado su "postura contraria a esta disparatada carrera normativa que han emprendido -los grupos que sostienen al Gobierno- en materia de vivienda y que, lejos de producir un resultado positivo para la gente, les aleja más de la solución al problema". Sánchez de Muniáin ha asegurado que esta modificación legal "va a perjudicar gravemente" a las empresas. "Estas empresas se dedican a ofrecer alquiler asequible. A estas empresas que llevan décadas trabajando les crean ustedes inesperadamente un problema. Estas empresas navarras no echan a la gente, sino que invierten gran parte de los beneficios en construir otro edificio de viviendas para alquilar y de esa manera llevan funcionando varias generaciones. A estas empresas les han cambiado las reglas", ha criticado.

Por su parte, el parlamentario del PSN Kevin Lucero ha indicado que "días como hoy hacen que la política merezca la pena" y ha destacado que esta ley "va de decir que la vivienda protegida que hemos levantado durante años en Navarra, con esfuerzo público, con dinero público y con finalidad social, no puede acabar convertida en negocio de mercado libre cuando vence un plazo". "No tiene ningún sentido que una vivienda protegida, una vivienda que nació para garantizar alquiler asequible, acabe convertida en una oportunidad para vender y hacer negocio", ha señalado.

Por parte de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha afirmado que "hay personas, hay familias, hay vecinas y vecinos que llevan años construyendo su proyecto de vida en una vivienda protegida de alquiler y que ahora viven con angustia, viven con incertidumbre y viven con miedo a perder su casa". Zabaleta ha defendido que "no se puede especular con viviendas protegidas" y ha anticipado que "seguro que habrá una batalla judicial" por la aprobación de esta ley, "porque detrás de la descalificación de las viviendas hay enormes intereses económicos". "La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos", ha señalado.

La parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto ha explicado que la modificación legal tiene una "doble mirada". Por un lado, "garantizar que familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan seguir manteniendo su hogar", y, por otro lado, que "el parque público de vivienda en alquiler se mantenga". "Esta medida va a evitar que fondos buitre puedan seguir operando a sus anchas y lucrándose del parque público residencial de nuestra Comunidad", ha destacado.

La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha compartido que se dé una solución a las personas que residen en las viviendas protegidas de alquiler, pero no en la forma que han planteado los grupos que sostienen al Gobierno, "con una proposición que genera una gran inseguridad jurídica, no solo para las empresas, sino para las propias familias, porque esto se va a judicializar". "¿Esto les va a resolver el problema? Vamos a hacer las cosas bien, no desde la improvisación y al margen del sector. Esta proposición de ley vuelve a ser otra vez más una improvisación sin contar con el sector", ha afirmado.

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