El presidente de Comptos dice que "no se aprecian indicios de ningún tipo de responsabilidad penal o contable" en Belate

PAMPLONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, ha manifestado este viernes, en comisión parlamentaria para dar cuenta del informe de las Cuentas Generales de Navarra de 2024, que en torno a las obras de duplicación del túnel de Belate, "de la revisión efectuada por la asesoría jurídica, no se aprecian indicios de ningún tipo de responsabilidad contable o penal en los hechos reflejados en este informe durante 2024".

En este ejercicio, ha continuado, "se han emitido y pagado ocho certificaciones por importe de 5,52 millones, que es el 7% del importe adjudicado". "Estas certificaciones incluyen una estimación de mayor gasto por precios contradictorios de 7,2 millones", ha precisado.

Se ha referido al reparo suspensivo de la Intervención General que se produjo el 26 de noviembre de 2025, que se incorporó al informe como "un hecho relevante". "En dicho reparo se señala la carencia de requisitos legales, es decir, son razones de conveniencia, oportunidad, no imprevisibilidad o imposibilidad", ha expuesto, para añadir que "todas las certificaciones expedidas y pagadas durante la tramitación tienen carácter provisional y será preciso en su caso ajustarlas o no en función de si se aprueba o no el proyecto modificado, fundamentalmente las unidades de obra no previstas en el proyecto inicial o aquellas unidades de obra que han tomado como referencia los precios de la nueva propuesta". "Dicho reparo ha sido aceptado por el departamento y pondrá fin al procedimiento de modificación", ha afirmado.

Cabeza ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición propia y de UPN y PPN, para presentar el informe de las Cuentas Generales de 2024, informe que corrigió algunas de las conclusiones del auditor encargado de este trabajo, quien, sin embargo, decidió incluir una cláusula de discrepancia para ratificarse en algunas de sus posiciones, entre otras, la posible existencia de "indicios de delito" en el sobrecoste de las obras de Belate.

En su intervención este viernes, Ignacio Cabeza ha asegurado que "la decisión adoptada por esta Presidencia" de corregir el trabajo del auditor "ha sido larga, meditada y difícil, pero considero mi responsabilidad haberla adoptado". "No responde a ningún interés espurio para alterar el contenido del informe; responde a un criterio profesional respaldado por el resto de auditores y por la asesoría jurídica", ha dicho, para precisar que "se ha sido escrupuloso con el procedimiento establecido y totalmente transparente, no se ha ocultado nada". "La responsabilidad última de los informes de la Cámara es del presidente", ha expuesto, para comentar que "no podíamos aceptar una propuesta de informe que en nuestra opinión contenía deficiencias técnicas y jurídicas".

Ha incidido en que "no ha sido una decisión unilateral de este presidente, sino una decisión respaldada por todos los auditores y por la asesoría jurídica en pleno", y ha manifestado que "todas las consideraciones que estoy realizando las hago en defensa de esta institución y de todos los auditores y letrados intervinientes, y con el mayor respeto al auditor discrepante".

El presidente de Comptos ha señalado que "ni el resto de auditores, ni la asesoría jurídica y, por supuesto, esta Presidencia, comparten las salvedades de legalidad que contempla la propuesta del auditor, con la excepción de los contratos sin cobertura". "Consideramos incorrecto y no ajustado a derecho el tratamiento jurídico dado por el auditor", ha incidido.

Sobre las obras de Belate, Cabeza ha afirmado que "en este contexto del informe de las Cuentas Generales, no debe ser un trabajo específico sobre Belate" y ha señalado que "consideramos improcedente incorporar en nuestro informe las numerosas cuestiones técnicas que se señalan porque ni esta Cámara ni el auditor ponente son competentes en esas materias; desconoce si existen otros criterios, aparte de la fuente que ha utilizado el auditor ponente". Según ha continuado, "la asesoría jurídica señala expresamente que no se aprecia ilegalidad, irregularidad o perjuicio de los fondos públicos".

El presidente de Comptos ha comentado en que "no podemos estar de acuerdo en que esto ha generado gasto a la Administración, sobre todo, teniendo en cuenta que cuando el auditor redacta su propuesta, ya se conocía el reparo de la Intervención y que esa modificación se iba a paralizar".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "cualquier mal pensado podría llegar a concluir" que el presidente de Comptos "se ha convertido en el mejor abogado defensor del Gobierno, porque se han eliminado -del informe del auditor- todas las salvedades de legalidad que podían incomodar al Gobierno". Esparza ha señalado que "el auditor es un buen profesional, con una trayectoria contrastada", y ha preguntado a Cabeza si "no ha valorado dar un paso al lado porque es lo mejor para la institución". "Hay una crisis de confianza que se ha generado por esta situación", ha afirmado.

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha destacado que, "a pesar del esfuerzo que han hecho" desde el órgano fiscalizador "por aparentar normalidad en la presentación de las Cuentas Generales de 2024, es difícil obviar que han supuesto una convulsión en la Cámara de Comptos" y ha añadido que, aunque el presidente no haya presionado directamente al auditor, "no podemos obviar que la institución sí le ha presionado, con comunicados oficiales y con ciertos actos que le humillan y le amedrentan en su trabajo".

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha agradecido "la labor que realiza siempre la Cámara de Comptos" y ha reconocido que "estamos ante una situación particular dentro de lo que suele ser la rutina institucional de presentar el informe de Cuentas Generales, porque algunos han decidido convertir lo que debiera ser un análisis serio de las Cuentas en un debate de absoluta confrontación centrada únicamente en la discrepancia de un auditor frente a la opinión de toda una entidad como es Comptos". Tras ello, ha acusado al portavoz de UPN de "arrastrar a la institución por el fango".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, no ha compartido con UPN que "se haya puesto en cuestión la institución de Comptos" y ha considerado que la discrepancia por este informe "forma parte de la normalidad". "El presidente de Comptos es el mayor responsable de la calidad de todos los informes de fiscalización y vimos cómo el informe del auditor estaba plagado de subjetividades. Este auditor tuvo en frente a toda la asesoría jurídica en pleno", ha subrayado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha señalado que "el auditor no ha dejado de ser un buen profesional, ni se le ha olvidado ni muchísimo menos hacer su trabajo, simplemente lo que se deriva de este informe es que su borrador carecía, en esta ocasión, en algunos puntos del rigor y objetividad del presidente, del secretario y del equipo de auditores que han estado detrás del informe definitivo".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha sido crítico con UPN y ha afirmado que "parece que ya no hay límites a la hora de desacreditar y difamar a cualquiera con responsabilidad institucional en esta Comunidad y, en definitiva, de cuestionar toda la legitimidad democrática que tienen las instituciones forales". "Han decidido llenar el debate político de mierda cada vez que algo les interesa", ha asegurado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha considerado que "la discrepancia es buena" y se ha preguntado "qué funcionario o auditor va a tener la valentía de hacer algún tipo de reparo, porque hemos visto que el secretario de la mesa de Belate -quien emitió un voto particular a la propuesta de adjudicación de las obras- fue desterrado". Jiménez ha dicho que "no es concebible el ataque furibundo" al auditor y ha pedido la dimisión del presidente de Comptos.