PAMPLONA/MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las Pymes y autónomos de Navarra pagan 14,3 millones de euros anuales en concepto de IVA de facturas que no han llegado a cobrar y que pueden que no cobren, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). A nivel nacional, la cifra asciende a 800 millones de euros anuales.
Comunidad Valenciana es la cuarta región con mayor importe de IVA repercutido pendiente de cobro por morosidad, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía, con 195,2 millones de euros,149,3 millones de euros, y 94,6 millones de euros, respectivamente.
Por detrás de la región valenciana se han situado País Vasco (46,6 millones), Galicia (40,5 millones), Aragón (28,2 millones), Murcia y Castilla y León (27 millones en ambos casos), Castilla-La Mancha (25,4 millones), Baleares (15,2 millones), Navarra (14,3 millones), Canarias (13,9 millones), Asturias (12,5 millones), Extremadura (9,2 millones), La Rioja (6,7 millones), Cantabria (5,3 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta (0,2 millones) y Melilla (0,06 millones).
Por provincias de la Comunitat, el mayor volumen de IVA repercutido pendiente de cobro debido a la morosidad corresponde a Valencia (44,2 millones), seguida de Alicante (27,4 millones) y Castellón (15,3 millones).
La legislación vigente sobre IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro.
Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.
UN MEJOR REPARTO DE LAS CARGAS FISCALES.
En paralelo, Gestha respalda las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios tendentes a garantizar un reparto justo y equitativo de las cargas fiscales, "con el fin de reducir la competencia desleal de los evasores frente a los autónomos y empresas que cumplen con las obligaciones exigidas".
Según datos del último Barómetro elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), tres cada cuatro españoles perciben un incremento del fraude, y hasta un 43% lo justifica por motivos tales como la impunidad de los grandes defraudadores, la falta de eficacia en la lucha contra el fraude o las diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos contribuyentes.
Para los Técnicos de Hacienda, esta situación hace necesaria la importación de cuatro medidas utilizadas en la UE-15 para mejorar la lucha contra la economía sumergida que, según sus cálculos, representa en España el 23,3% del PIB, lo que supone unos 240.000 millones de euros anuales.
Los dos primeros pasos serían la cuantificación periódica de la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, calibrando así con una mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente, así como que los parlamentos nacional y autonómicos fijaran un objetivo de reducción de la tasa de la economía sumergida un plazo delimitado de tiempo.
A su juicio, también se hace necesaria la implantación de una mayor colaboración entre las administraciones territoriales, creando una base de datos fiscales compartida, a la vez que promover en las distintas organizaciones internacionales los acuerdos para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales.
La cuarta medida, según Gestha, sería reforzar el Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria, aumentando las funciones y competencias sus actuales empleados públicos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente tanto el control tributario y aduanero como el control del gasto público.
Según Gestha, de ser aprobadas estas enmiendas, se podrían recaudar adicionalmente cerca de 38.500 millones de euros cada año, "lo que sanearía el déficit de las administraciones públicas y permitiría reducir las tensiones de la deuda pública y privada en los mercados financieros y avanzar en la simplificación y reordenación del sistema fiscal de nuestro país".
Junto a estas modificaciones, los Técnicos de Hacienda proponen varias medidas encaminadas a mejorar la eficiencia y control del gasto público con el fin de aliviar el déficit del Estado. Estas iniciativas se sitúan también en línea con algunas de las enmiendas que diversos grupos políticos presentarán al proyecto de ley de Economía Sostenible.
