PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, manifestó hoy que el Ejecutivo central "pretende que la nueva prisión de Pamplona esté operativa cuanto antes, incluso antes del 2010 si fuera posible", pero vaticinó que "difícilmente" podrá cumplirse esta fecha si persiste el conflicto entre administraciones.
El delegado afirmó que "es la hora de aparcar cualquier interés que no sea el de los presos y sus familias, así como el de los trabajadores de la cárcel".
Vicente Ripa indicó, a preguntas de los medios al término de una rueda de prensa, que "el proceso para construir la cárcel está totalmente lanzado" y recordó que "este mes se ha iniciado la licitación del proyecto por casi 500.000 euros".
Además, anunció que en breve, una representación de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente de la dirección general de Instituciones Penitenciarias, se va a trasladar a Pamplona para reunirse con técnicos del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona para concretar las condiciones de la urbanización de los terrenos. "Se trata de agilizar los trámites para iniciar las obras con la mayor brevedad", indicó Ripa.
El delegado indicó que el Ministerio del Interior y SIEP "han abogado en todo momento por el consenso, hasta el punto que esa voluntad de negociación ha supuesto una dilación en el proceso de al menos un año, porque en el verano 2005 se firmó ya un protocolo entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior que no se ha materializado".
Ripa indicó que los Presupuestos del Estado para 2007 incluyen una inversión superior a los 18 millones de euros y el Gobierno de Zapatero ha optado por sufragar también la compra y urbanización de los terrenos de Santa Lucía, "para no demorar más las obras".
El delegado reiteró, asimismo, que el emplazamiento escogido por la dirección general de Instituciones Penitenciarias fue uno de los nueve lugares que propuso el Gobierno de Navarra, de hecho, Santa Lucía fue sobre el que más insistió el Ejecutivo foral.
El Ministerio del Interior llegó a ver otras ubicaciones como posibles, pero, según Ripa, "se dejó guiar también por las posiciones de los grupos políticos expresadas en el Parlamento foral, de la judicatura, de la abogacía y de los grupos sociales, apostando por una cárcel en la propia Pamplona para favorecer la inserción de los presos".
En cuanto al modelo, una prisión de 504 plazas y un centro anexo de reinserción, Ripa indicó que es "el modelo pactado con el Gobierno de Navarra, un modelo pionero en España, es decir, una cárcel 'a la navarra', que a los navarros no nos va a costar ni un euro y al Estado 90 millones".
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