IUN, partidaria de que se traspasen antes del inicio de las obras para que se pueda acomodar el diseño al modelo que defina Navarra
PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
UPN y CDN quieren que el Parlamento de Navarra reclame al Gobierno central que se transfieran las competencias en materia penitenciaria "en el momento" en que terminen las obras y se ocupen la nueva cárcel y el nuevo centro de reinserción social.
Así consta en una de las seis conclusiones que los socios de gobierno han presentado conjuntamente en la ponencia parlamentaria que ha estudiado cómo mejorar la reinserción social de los reclusos. IUN, Aralar y EA también se muestran en sus escritos a favor de que se inicie la negociación.
PSN no expresa su opinión porque entiende que, si bien "en un futuro" se podrán dar pasos, el objeto de la ponencia versa sobre competencias que Navarra ya tiene asumidas en materia social, sanitaria y educativa.
En sus conclusiones, UPN y CDN proponen que se lleve a cabo "de manera inmediata" la transferencia sobre sanidad penitenciaria, cuya asunción estaba prevista por ley para finales de 2005, así como las funciones del Servicio Social Penitenciario.
Mientras tanto, reclama a Instituciones Penitenciarias que proporcione "una adecuada" atención psiquiátrica y psicológica a preventivos, reclusos y penados no internos. También demanda más programas de trabajo ocupación y trabajo remunerado y que se amplíen plantillas y se prevean necesidades con la construcción de la nueva cárcel y centro de inserción.
Hoy concluía el plazo para que los grupos presenten sus conclusiones en la ponencia que desde mayo de 2005 ha estudiado cómo mejorar la reinserción social de los reclusos. La ponencia volverá a reunirse este viernes, para votar el dictamen que elaborará una letrada. Por si los grupos no fueran capaces de acordar unos mínimos, se ha ampliado hasta el día 30 la fecha para que concluyan los trabajos. Las conclusiones serán trasladadas al Gobierno foral.
IZQUIERDA UNIDA
Izquierda Unida de Navarra demanda que transferencia en materia penitenciaria se realice antes de que se inicie la construcción de la nueva cárcel, de manera que ésta se adecue a la política que se diseñará en Navarra. Así lo defendió la semana pasada en una resolución presentada al Debate sobre el Estado de la Comunidad, que fue rechazada.
"Del modelo penitenciario depende que la reinserción se realice con garantías de éxito", defendió hoy Miguel Izu, parlamentario de IUN, quien puso como ejemplo que Navarra recibió las competencias de justicia después de construirse el nuevo Palacio de Navarra, "en donde se tuvieron que realizar más obras". IUN considera que los profesionales pueden ayudar en el diseño de la nuevo centro.
Izu y Ana Figureras presentaron hoy en rueda de prensa las conclusiones que su grupo ha presentado en la ponencia. Mientras no llegue la transferencia, IUN propone que se asuman progresivamente servicios relacionados con materias que son de competencia de Navarra. El proceso se inició con la educación y el servicio médico. Ahora solicita que los servicios sociales penitenciarios se adscriban al departamento de Justicia e Interior del Gobierno de Navarra. Después, sería el turno de dar respuesta a necesidades materiales, de recursos humanos, recursos para la inserción, metodología de trabajo etc.
IUN apuesta por una cárcel pequeña, de unos 500 reclusos, pero "no duplicables", ya que cumplen mejor el objetivo fijado en la Constitución de la reinserción, frente al modelo de las "macrocárceles". Espera que el nuevo convenio Navarra-Estado, que actualiza la cifra, antes establecida en 400 presos, pase pronto por el Parlamento.
Para IUN, actualmente existe una "falta clara de directrices". Cree que el diseño del nuevo modelo de reinserción requiere de la cooperación de las administraciones estatal, foral y local. Demanda un diagnóstico sobre tipos de delito, causas de la delincuencia y zonas para conseguir una eficaz labor de prevención. "Los problemas de delincuencia no puede ser resueltos sólo en el ámbito de lo penal", expuso Ana Figueras, quien aseguró que la cárcel "no debe ser la solución para los problemas de salud mental y drogadicción".
Reparación a las víctimas, incentivos empresariales para la contratación de presos, atención a extranjeros, atención personalizada frente a programas estandarizados, protocolo en los servicios sociales o programas específicos para jóvenes y mujeres son algunas de las recomendaciones de IUN, también expuestas por la Defensora del Pueblo en el "extenso y competo" informe que realizó para la propuesta.
Figueras señaló que, si bien existe coincidencia en aspectos para mejorar las condiciones de vida de los reclusos, las discrepancias pueden venir a la hora de definir cuándo deben asumirse las competencias.
PSN
PSN no expresa opinión sobre cuándo se deben asumir las competencias y "sin perjuicio" de que se puedan transferir "en un futuro", apunta que Navarra tiene asumidas las competencias en materia social, sanitaria y educativa, "que es el objeto de la ponencia y que por tanto se puede trabajar con total libertad". En el caso "improbable" de que en alguna materia la competencia fuera del Estado, se podría arbitrar el correspondiente convenio entre las dos Administraciones, propone.
PSN recuerda que los PGE de 2007 destinan 18,5 millones para la compra de terrenos y construcción de la nueva cárcel, que estará terminada para 2010 y requerirá una inversión de 70 millones. Contará con 504 reclusos.
PSN estima que la Administración Foral podría absorber a esta población reclusa desde los recursos existentes, "si bien con un mayor nivel de coordinación entre los diferentes servicios". El grupo critica la ausencia de programas de rehabilitación psicosocial, ya que no existen protocolos de actuación y coordinación entre los Servicios Sociales, y considera "imprescindible" la colaboración con ONG.
En temas de salud, pide que se homologue la cartera de servicios con la establecida por Atención Primaria del SNS-Osasunbidea y que la nueva cárcel cuente con acceso a la red informática y al historial electrónico. Reclama una Unidad de Custodia Hospitalaria y que se incrementen las comunidades terapéuticas, al considerar que es "uno de nuestros principales déficits".
"La atención psiquiátrica penitencia es un grave problema en la Comunidad Foral y la nueva cárcel deberá contar con un Centro Psiquiátrico-Penitenciario gestionado por profesionales de Navarra", propone también.
PSN considera que la nueva prisión debe contar con trabajo penitenciario productivo por cuenta ajena, dado que hoy en la cárcel de Pamplona, por falta de espacio, no lo realiza el 95% de la población reclusa. Igualmente, propone que se formalizar convenios entre el Gobierno foral y los empresarios.
EA
EA sostiene que la construcción del nuevo centro indica que es "momento" para negociar las transferencias en instituciones penitencias previstas en el Amejoramiento. En su opinión, la paralización es achacable a una falta de voluntad política del Gobierno central y del navarro. En todo caso, reclama un estudio de impacto sobre los servicios específicos que Navarra debe prestar en relación con la nueva población reclusa.
El grupo se suma a las propuestas trasladadas por la defensora del Pueblo; pide que se permitan los estudios de FP en el exterior; crear una "verdadera" Unidad Psiquiátrica en el centro o "un módulo libre de drogas"; talleres ocupacionales y ayudas a la contratación. EA incide en que se garanticen en la cárcel unos servicios públicos de calidad, se refuerce el perfil técnico y cualificación del personal y se consolide una "red de apoyos sólida y estable".
Aralar ofrecerá mañana una rueda de prensa. Durante el Debate sobre la Comunidad reclamó que las transferencias sean una realidad con la construcción del nuevo centro.
