UPN plantea que la renta garantizada se perciba un máximo de tres años reduciéndola de manera progresiva

Fija la obligación de estar en situación regular y carecer de antecedentes penales y que rechazar un empleo implique su extinción

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola.
Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 10:47

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN ha registrado una proposición para modificar la Ley Foral de Renta Garantizada por la que plantea que esta ayuda se perciba un máximo de tres años y de manera "progresiva", de forma que se cobre la totalidad el primer año, un 70% el segundo y el 50% el tercero. La iniciativa fija, además, la obligación de estar en situación regular y carecer antecedentes penales y rechazar una oferta de empleo supondrá la retirada de la ayuda.

Según ha explicado en una rueda de prensa la presidenta del partido, Cristina Ibarrola, "siempre hemos demostrado nuestra solidaridad con las personas vulnerables y que necesitan ayudas" pero estas prestaciones, ha remarcado, "deben estar orientadas a la inserción laboral".

La regionalista ha afirmado que "desde hace mucho tiempo tenemos ayudas como la renta garantizada" que, citando el informe de la Cámara de Comptos, "no están teniendo la efectividad para la que está orientada" y "puso de manifiesto la falta de un control efectivo en estas ayudas".

La modificación planteada por UPN establece como requerimiento para percibir la renta garantizada que estén en el país en situación regular y carezcan de antecedentes penales por delitos menos graves o graves de homicidio, de lesiones, contra la libertad sexual, de robos con fuerza o intimidación, contra la salud pública y/o delitos de atentado a la autoridad.

También se establece la obligación del conocimiento del idioma español o acreditar que están acudiendo a formación que ofertan las administraciones públicas, escolarizar a hijos menores a su cargo y no rechazar un empleo, excepto en situaciones como ser mayor de 65 años, estar en edad escolar, tener una incapacidad temporal, invalidez o por "causas excepcionales que impidan que pueda ejercer ese empleo". Como causas para la extinción de estas ayudas, incluye rechazar el empleo con estos condicionantes o que a lo largo de la prestación se cometan los delitos recogidos en la modificación de la ley.

Por otro lado, Ibarrola ha explicado que, anteriormente, "sólo a petición del interesado" se tenía un acompañamiento de inserción laboral, cuando "debe ser algo obligatorio desde el momento en que empieza a percibir la renta garantizada". Por eso, ha remarcado que el Gobierno de Navarra "debe dotar de recursos" el Servicio Navarro de Empleo para hacer "un adecuado acompañamiento e inserción de los perceptores" para que sea "un éxito y logre tener un empleo e insertarse adecuadamente".

Asimismo, la proposición de UPN plantea que la percepción de la renta garantizada tenga una "limitación en el tiempo" de tres años y una "progresividad" de manera que, "salvo situaciones excepcionales", el primer año se cobre el 100% de la ayuda, el segundo el 70% y el tercero el 50%. Dentro de las excepciones se incluyen familias monoparentales a cargo de mujeres víctimas de violencia de género, la existencia de personas mayores o menores de 18 años, cuando los ingresos del núcleo familiar no supere el 1,5 el IPREM, o por "situaciones diversas de enfermedad, discapacidad o dependencia".

"Queremos ayudar al que lo necesita pero evitar la cronificación del perceptor y corregir factores que están desincentivando la búsqueda de un empleo" que "debe ser un objetivo prioritario e irrenunciable", ha indicado Ibarrola.

Además, ha pedido la creación de un "servicio específico de inspección" que vele por el cumplimiento de los requisitos para percibir la ayuda y "pueda hacer efectiva" su extinción o la aplicación de las sanciones correspondientes "en caso de incumplimientos".

La modificación legislativa también contempla que, al año de su aprobación, se establezca un límite máximo al conjunto de ayudas públicas que percibe una persona vulnerable.

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