MADRID 24 Abr. (OTR/PRESS) -
Cuando la banda sonora política y mediática del PP habla de "sectarismo informativo en RTVE" lo acompaña de una interpelación directa al presidente Rajoy. Con más o menos disimulo se le pide que tome cartas en el asunto y no se deje comer el terreno después de haber barrido en las urnas. Ha de dejar claro quien manda, también ahí.
De esa reclamación se infiere que el ejercicio del "sectarismo informativo", verificable o supuesto en los actuales responsables de la radio y la televisión públicas, ya le corresponde al partido ganador de las elecciones y no al perdedor. Como si estuviera en la naturaleza de las cosas que ahora le toque al Gobierno del PP hacer de su capa un sayo en RTVE.
Tratándose de una Corporación estatal al cien por cien, el decreto ley dictado por el Gobierno Rajoy en el último Consejo de Ministros viene a ser una especie de privatización. Formalmente sigue siendo del Estado pero, al partir del actual modelo de neutralidad e independencia respecto al Ejecutivo, se viene a concebir el medio estatal RTVE como un brazo más de poder al servicio del Gobierno de turno. En la práctica es una forma de privatizar a favor de una determinada causa política (de partido, no de Estado) los beneficios derivados de controlar este poderoso medio de información.
Como era previsible, el PSOE, principal grupo de la oposición, ha puesto el grito en el cielo. Habla de "golpe institucional", por querer modificar por las bravas la ley que garantizaba hasta ahora la independencia, pluralidad y viabilidad económica de RTVE. Todo ello con el objetivo de hacerse con el control de la misma. El método consiste en interpretar unilateralmente una disposición transitoria de la vigente ley.
La ley obliga a elegir al presidente de la Corporación por una mayoría parlamentaria de dos tercios. Eso impone la necesidad de consensuar el nombramiento entre PP y PSOE. Pero Moncloa ha recurrido a una disposición transitoria que contemplaba la elección por mayoría absoluta (bastarían los votos del PP), solo para la puesta en marcha del modelo (2006) si hubiera faltado el acuerdo dos meses después de intentarlo. Ahora esa norma de contingencia es interpretada por el Gobierno como norma fija del modelo y va a aplicarse para desbloquear la situación en RTVE (presidente dimitido y parte del Consejo caducado o en fuga). Se renuncia a desbloquear la situación mediante el procedimiento estructuralmente previsto en la ley, que es el del acuerdo por dos tercios, y se opta por la mayoría absoluta.
Mucho me temo que se va a acabar la primavera en RTVE, que había vuelto a ser políticamente independiente, económicamente viable y de una calidad contrastable en los índices de audiencia y en las encuestas de opinión. Hasta aquí hemos llegado en el desarrollo de una RTVE pluralista, neutral y consensuada por los dos grandes partidos.