MADRID 13 Feb. (OTR/PRESS) -
El PP liderado por Aznar en vísperas de su llegada a Moncloa tras las elecciones de marzo del 96 apadrinó con fuerza el arraigo de la doctrina según la cual contra el terrorismo no vale todo. Así articuló su ofensiva política contra el Gobierno socialista presidido por Felipe González, entre los años 1994 y 1996. Más de una década después, el PP parece apostar por lo que entonces condenaba. Así interpretan algunos juristas su empeño de que el PSOE haga lo mismo que entonces hacia contra los terroristas. No me refiero a la cal viva, por favor, ni por asomo, claro, sino a los "atajos" aún legales. Estoy pensando en las propuestas de impedir "como sea" que Batasuna, con los mismos u otros collares, se presente a las elecciones territoriales de mayo. O en mantener a De Juana Chaos "como sea" en la cárcel, aunque en uno u otro caso haya que forzar la ley.
La doctrina del Tribunal Constitucional y la habilidad de los abogados de la izquierda abertzale han ido recortando la inicial eficacia de la Ley de Partidos Políticos. Y, según los expertos, no es tanto que el Gobierno no quiera sino que se encuentra con serias dificultades objetivas para impedir con todas las de la ley que, de un modo u otro, el brazo político de ETA se presente a las elecciones locales y territoriales de mayo de este año.
En otro asunto creen los analistas que también se ha forzado la aplicación de las leyes. Me refiero a la sentencia por la que la Audiencia Nacional condenó a De Juana Chaos a 12 años y siete meses de cárcel por amenazas, cuando el etarra estaba a punto de quedar en libertad después de haber pagado sus culpas ante la justicia por los 25 asesinatos que se le atribuyen. Aunque la opinión pública no le ha dedicado ni una lágrima por el lamentable estado de salud al que le ha llevado su huelga de hambre, en el ambiente flota la sospecha de que el Estado le quiso aplicar una especie de "venganza", buscando algún "atajo" para mantenerle en la cárcel. De ahí la importancia de la reunión del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación presentado por De Juana Chaos. Los trece magistrados de la sala segunda deben dictaminar si la Audiencia Nacional interpretó y aplicó correctamente la ley, sin entrar en el fondo.
Si no hay aplazamientos, en las próximas horas sabremos si el alto tribunal confirma o modifica la sentencia que retuvo en la cárcel al etarra, cuando estaba a punto de abandonarla, a la luz del artículo 9.3 de la Constitución, donde se consagra el principio de la seguridad jurídica y la sumisión de los poderes públicos al principio de legalidad.
Antonio Casado.