Antonio Casado.- Gürtel y Faisán.

MADRID 19 Jul. (OTR/PRESS) -

Si el PP tuviera una misma vara para medir las responsabilidades de los jefes políticos de quienes incurren en supuestas conductas delictivas, como es el caso de los procesados por el caso Faisán, debería reclamar la inhabilitación de su propio líder, Mariano Rajoy, como aspirante a la Presidencia del Gobierno. Es lo que reclama de Rubalcaba, que era el responsable político de los tres procesados por el famoso chivatazo.

Con mucha más razón en el caso de sus cuatro procesados del PP valenciano (Camps, Campos, Costa y Betoret), puesto que el presunto delito por el que van a ser juzgados es bastante más grave de lo que decía el Código Penal cuando se produjeron los hechos (entre 2005 y 2008). El propio PP entiende que es más grave. Así se desprende de la reforma pactada hace un año con el PSOE que castiga el llamado cohecho pasivo impropio con penas de un año de cárcel y tres de inhabilitación.

El endurecimiento de penas ya no alcanzará a Camps y los otros tres procesados si fueran condenados. Tendrían que pagar una multa más o menos elevada, pero sin cárcel ni inhabilitación, lo cual no oculta la opinión oficial que al PP le merecen quienes en el ejercicio de su cargo aceptan regalos que les hacen precisamente en razón del cargo que ocupan.

También debe parecerle al PP muy grave la colaboración con banda armada, el encubrimiento y la revelación de secretos, delitos por los que han sido procesados tres subordinados de Rubalcaba cuando éste era ministro del Interior. Por ello el principal partido de la oposición reclama que el actual candidato socialista a la Moncloa quede inhabilitado como aspirante a ocupar la Presidencia del Gobierno.

Aplicada al caso Gürtel esa lógica tendría que desembocar en la misma reclamación para el aspirante del PP a la Moncloa y máximo responsable político de los cuatro procesados por cohecho pasivo impropio. Me refiero a Mariano Rajoy. No es menos responsable político de las conductas de acreditados dirigentes regionales de su partido que pueda serlo Rubalcaba de las conductas de los procesados del Faisán, subordinados políticos o policiales suyos cuando se produjo el chivatazo. Y no ha sido más entusiasta la defensa que ha hecho uno de los procesados del Faisán que la que ha hecho el otro de los del Gürtel.

Un caso de corrupción vinculado al tejido orgánico e institucional del PP. Una mala práctica en la política antiterrorista cosida al tejido orgánico e institucional del PSOE. Procede exigir responsabilidades a los jefes políticos de los procesados. ¿Hasta qué punto? Según el PP, hasta la inhabilitación del candidato socialista a la Moncloa. Lo congruente sería reclamar la inhabilitación de su propio candidato. No lo hará. Ni Rubalcaba se dejará llevar por la lógica del adversario. Hasta ahí podíamos llegar.