Carmen Tomás.- La transición energética, otro eslogan

MADRID 25 Feb. (OTR/PRESS) - El colapso de la red eléctrica española ya es un hecho. Tras un apagón general y varios episodios críticos que se han resuelto a costa de parar la industria, la gestión del sistema vuelve a situarse en el centro del debate público. La responsabilidad recae en la actuación del Gobierno a través de Red Eléctrica, cuya planificación y prioridades están hoy bajo escrutinio. Durante años se ha alertado de la insuficiente inversión en mantenimiento y refuerzo de infraestructuras. De hecho, fuentes del sector, aseguran que cerca de 4.000 millones de euros que debían destinarse a fortalecer la red se habrían desviado hacia negocios ajenos a su función.

El resultado es saturación de nudos, proyectos bloqueados y una red incapaz de absorber la demanda creciente. Esta misma semana, tal y como recoge el medio especializado 'El Periódico de la Energía', la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha emitido nuevas normas para regular el acceso a la red y optimizar las capacidades realmente disponibles. El objetivo es dar respuesta a una demanda que supera con creces la oferta de conexión. Pero estas medidas llegan tarde y son, en el mejor de los casos, paliativas.

El propio Gobierno ha anunciado iniciativas para reducir nudos y aumentar la capacidad de acceso a una red que hoy está técnicamente colapsada. Sin embargo, el sector lleva meses denunciando la imposibilidad de conectar inversiones estratégicas en centros de datos, plataformas logísticas o desarrollos residenciales, valoradas en cientos de miles de millones de euros. Cada proyecto paralizado implica empleo cualificado que no llega y competitividad que se pierde.

El caos ha destapado además prácticas opacas: compraventa de permisos de acceso, duplicidades administrativas y especulación con puntos de conexión. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en acelerar la electrificación, fomentar el vehículo eléctrico -generosamente subvencionado- y penalizar la huella de carbono de ciudadanos y empresas. Pero, cómo hacerlo si la infraestructura básica no responde. Promover mayor consumo eléctrico sin asegurar la capacidad de la red es una temeridad técnica y económica.

El pasado 28 de enero quedó de nuevo en evidencia la fragilidad del sistema. Una menor producción de eólica de la comprometida obligó a quemar gas, reducir temporalmente el consumo industrial y nuclear para evitar un nuevo colapso. En ese contexto, el debate sobre el cierre de las centrales nucleares adquiere una dimensión estratégica que no admite improvisaciones. España necesita una red robusta, bien mantenida y dimensionada para el futuro que se proclama desde los despachos. Sin inversión real, planificación rigurosa y rendición de cuentas, la transición energética es un eslogan vacío. Y el precio de ese error lo pagarán, ya lo estamos pagando como siempre,