MADRID 23 Oct. (OTR/PRESS) -
La reyerta entre el PSOE y el PP ha envenenado la vida política a lo largo de esta Legislatura. También ha llegado al Tribunal Constitucional, donde asistimos a una pugna indecente por la mayoría. Malas noticias para la más alta magistratura en materia de resolución de conflictos de largo alcance a la luz de la doctrina constitucional. Lo último es la recusación presentada por la Abogacía del Estado (el Gobierno, se entiende) contra dos magistrados inscritos en el bloque "conservador", García Calvo y Rodríguez Zapata. La recusación será aceptada, casi seguro, en una sesión a la que ellos no pueden asistir. Y recusados quedarán para intervenir en el recurso del PP contra una ley (la de funcionamiento del propio Tribunal) que dispone prorrogar el mandato de la presidenta y el vicepresidente.
El Gobierno les reprueba porque incurren en las causas de recusación previstas en la Ley del Poder Judicial. En síntesis, haber perdido la imparcialidad por haber pre-juzgado el asunto sobre el que tendrían que debatir junto a sus compañeros. La perdieron el día en que públicamente se manifestaron en contra de la mencionada prórroga de mandato. O sea, quedan contaminados para debatir sobre ese asunto. Tan contaminados como la presidenta y el vicepresidente, pues el fondo del asunto les afecta directamente (la prórroga de su mandato, que expira en diciembre de 2007). Pero éstos, Maria Emilia Casas y Guillermo Jiménez, se auto-recusaron. Es decir, se abstuvieron por propia iniciativa. Como García Calvo y Rodríguez Zapata no hicieron lo mismo, el Gobierno les va a obligar mediante una maniobra legal. La maniobra forma parte de una estrategia, cuyo primer movimiento se produjo una semana antes al autorizar el Consejo de Ministros la personación de la Abogacía del Estado en el mencionado recurso del PP. El objetivo es impedir la reprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional antes de las elecciones de marzo. Pero la simetría argumental impide pasar por alto las maniobras precedentes que, desde el otro lado de la barricada política, se han llevado a cabo para lograr justo el objetivo contrario, que el Constitucional suspenda la obra predilecta de Zapatero, el Estatuto catalán en vísperas electorales.
De momento, una vez sustanciada esta doble recusación propiciada por Moncloa, los "progresistas" serán cinco y los conservadores tres. Esa mayoría no solo servirá para lograr la prórroga de la presidenta y el vicepresidente, sino, sobre todo, para manejar el calendario y sacar de la agenda previa a las elecciones la sentencia del Tribunal sobre el "Estatut".
Antonio Casado.