Antonio Casado.- Sobre la nueva Batasuna.

MADRID 19 Feb. (OTR/PRESS) -

Los expertos en el laberinto vasco explican que la adaptación a la legalidad democrática de la izquierda abertzale depende de su conflicto con ETA y no de su pulso con el Estado por su discutida solicitud de inscripción en el Registro de Partidos. O sea, que el obstáculo de su reinserción democrática es ETA. No el Gobierno, la Fiscalía o el Tribunal Supremo en su caso.

Visto así, habrá que entender la voluntad política del Gobierno, concertada con el PP, de impedir la participación de la nueva Batasuna en las próximas elecciones municipales, como una forma de excitar el enfrentamiento entre ETA y sus amigos. Y todo ello sin perjuicio de que Abogacía del Estado y Fiscalía ilustren al Tribunal Supremo con informes policiales que prueben la vinculación con ETA de esa fuerza política ilegalizada. Cosa que, si el paso del tiempo no lo desmiente, se podrá seguir diciendo mientras la banda terrorista exista en su confesado propósito de seguir tutelando el futuro del País Vasco.

El Gobierno actúa con la convicción política y jurídica de que ETA es Batasuna, tal y como reza la sentencia del Supremo que en 2003 decretó la ilegalización y consecuente disolución de aquel grupo político que ahora rechaza la violencia futura para volver a la legalidad, aunque no se muestra con tan alto grado de compromiso sobre la violencia pasada.

Aún así, la última palabra la tienen los altos tribunales. Aunque es voluntad del Gobierno compartida por el principal grupo de la oposición que no se presenten a las elecciones del 22 de mayo, pudiera ser que el Tribunal Supremo no viera las cosas del mismo modo a la luz del principio de legalidad. Y, más concretamente, en aplicación del derecho de sufragio (elegir y ser elegido), clave en un Estado democrático basado en la soberanía nacional como fuente de todos los derechos. No sería la primera vez que el Constitucional le enmienda la plana al Supremo en materia de derechos fundamentales y, por tanto, es lógico que los magistrados de la sala especial de éste tengan que afinar en sus argumentos para no arriesgarse.

De todos modos, por ahora el debate está más vivo en el terreno político. Con una buena noticia: la reciente escenificación del alto grado de sintonía que en política antiterrorista mantiene el Gobierno con el principal partido de la oposición. Ocurrió en una comparecencia pública del interlocutor del PP con el Gobierno en esa materia, Federico Trillo, al declarar en presencia del líder nacional del partido, Mariano Rajoy, que la comunicación es "perfecta y que la sospecha de negociaciones ocultas del Gobierno con la banda terrorista "no tiene ningún fundamento". Una desautorización en toda regla al discurso tóxico del ex ministro Mayor Oreja que no deja de enredar con sus tesis de que Zapatero necesita a ETA y ETA necesita a Zapatero. Qué barbaridad.